Gallardón cancelará el convenio con el Canal cuando Aguirre lo privatice

Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado esta mañana que, "cuando el Canal de Isabel II deje de ser un ente público" -y no importa cuál sea el porcentaje que finalmente se privatice-, el Ayuntamiento de Madrid no podrá "mantener el convenio" con la institución "porque sería ilegal". El alcalde sostiene que deberá convocar un concurso público para el servicio del agua, ya que lo contrario sería no respetar la libre competencia e incurrir en una "adjudicación directa" (a dedo) a una "empresa privada". Eso sí, Gallardón se ha mostrado seguro de que el Canal, "la empresa de agua más solvente de España", hará una buena oferta a Madrid. Con estas declaraciones, el alcalde echa un jarro de agua bien fría a los planes de Esperanza Aguirre de convertir el Canal en una sociedad anónima y vender en bolsa el 49% de sus acciones.

Lejos de suscribir ningún tipo de boicot a la privatización, como plantean los socialistas, Gallardón ha sostenido que no le queda más remedio que rescindir los dos convenios que mantiene con la empresa. Una vez denunciados los convenios -el primero, de abastecimiento, con vigencia hasta 2010 y el segundo, de saneamiento, hasta 2036-, el Ayuntamiento de la capital tendrá que convocar sendos concursos para adjudicar ambos servicios, a los que podría presentarse cualquier empresa de la Unión Europea, incluido el Canal de Isabel II, a la que considera "la mejor".

De hecho, el alcalde está "convencido" de que el Canal de Isabel II concurrirá a los concursos junto a otros operadores españoles, que los hay "muy buenos", y también otro europeos. Según ha indicado, los ayuntamientos son la administración competente en materia de saneamiento y distribución del agua dentro de sus términos municipales, aunque la Comunidad lo sea para gestionar los embalses y el traslado del agua hasta las ciudades.

"Una garantía de límite de precio"

Tras reconocer que es a la Comunidad a la que corresponde decidir cómo gestiona sus empresas públicas, Ruiz-Gallardón ha asegurado que al Ayuntamiento "se le abre un espacio de oportunidad" con esta decisión, que puede traducirse en más ingresos para el consistorio y mayor calidad para los usuarios. Gallardón no ha querido entrar a valorar la decisión de Esperanza Aguirre, pero ha declarado que, durante sus ocho años al frente de la Comunidad, nunca se planteó privatizar el Canal. "Semejante propuesta" ni aparecía en su programa de Gobierno, pero no por razones ideológicas sino porque no encontró "ningún motivo para hacerlo".

Sobre los problemas que puede plantear la ruptura de los convenios, Gallardón ha admitido que el Ayuntamiento tendrá que liquidar las cantidades abonadas por el Canal tras la firma del último acuerdo -que superaba los 700 millones de euros- aunque esto no supondrá un problema para las arcas municipales porque, si finalmente se adjudicaran los concursos a otra empresa, ésta deberá afrontar el pago de la cifra. Tampoco cree que el cambio de adjudicataria tenga por qué suponer un incremento de tarifas, primero porque el Ayuntamiento establecerá como cláusula en los nuevos contratos una "garantía de límite de precio" y segundo porque el Canal ya da beneficios con las tarifas actuales y al menos su oferta no tiene porque implicar una subida.

Preguntado por estas palabras del alcalde, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha subrayado que "ningún Ayuntamiento del PP", y eso incluye por supuesto al de la capital, ha comunicado al Ejecutivo regional "malestar" por los planes de Aguirre para el Canal, que la presidenta madrileña comunicó por sorpresa durante la primera jornada del debate sobre el Estado de la Región. En todo caso, no ha querido comentar las declaraciones porque las desconocía, aunque ha duda que el alcalde "se haya pronunciado" en los términos que le explicaban los periodistas. González considera que la amenaza de los alcaldes socialistas de boicotear la privatización del Canal de Isabel II rompiendo los convenios con la empresa de aguas es "una pataleta" de Tomás Gómez y "pura demagogia". "No se rompe ningún acuerdo porque la empresa seguirá dando el mismo servicio", ha añadido.