Garzón acusa a Varela de "poner en riesgo la independencia judicial"

El juez Baltasar Garzón acusa al magistrado Luciano Varela de "imponer un serio riesgo para la independencia judicial" con el auto "contrario a derecho" por el que el pasado miércoles le anticipó que le sentará en el banquillo por su "imaginación creativa" al declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo. En el recurso de reforma que su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer ante la sala de lo penal del Supremo, Garzón alega que "han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales [en referencia a Falange y a Manos Limpias] a ejercer una acción penal" contra él, y lamenta que el alto tribunal no haya valorado sus "motivaciones espurias a la hora de no dar crédito a tal persecución ideológica".

El juez imputado atribuye el proceso contra él a motivos "ideológicos"

El escrito, de 28 páginas, acusa al juez instructor de su proceso por prevaricación de "vulnerar clara y decisivamente" su derecho a la defensa al denegar todas y cada una de las diligencias que solicitó a modo de prueba, como la declaración de los jueces de Granada y El Escorial -que, como él, entendieron que la Audiencia Nacional era la competente para juzgar los crímenes del franquismo-; la del historiador Ricardo Vinyes -para constatar la existencia de la denuncia sobre el secuestro organizado de niños durante la dictadura-; la de los propios denunciantes, o la petición de antecedentes de otros procesos penales que han sentado en el banquillo a criminales de guerra en Argentina, Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos.

Con estas pruebas, Garzón pretende demostrar que cuando decidió investigar los crímenes del franquismo lo hizo "con la ley en la mano", amparado por normas como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (vigente en España), que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando impone la interpretación restrictiva de leyes de amnistía para juzgar delitos como desapariciones forzadas, asesinatos masivos o secuestros de niños.

Garzón añade que le consta que Varela no comparte este criterio, como demostró con un voto particular en la sentencia de octubre de 2007 del caso Scilingo [represor argentino condenado a 1.084 años de cárcel por crímenes contra la humanidad], pero advierte que esta doctrina existe, la secundan otros jueces, dentro y fuera de España, y en cualquier caso ni es "extravagante" ni "cuartea principios esenciales del Estado" como aseguraba Varela. Garzón recuerda que ni la fiscalía ni la sala de lo penal en pleno de la Audiencia Nacional apreciaron delito en su decisión de investigar los crímenes del franquismo. Añade que todavía ignora los motivos por los que el Supremo le acusa de prevaricación, e interpreta en sus resoluciones un intento de "zanjar el inocultable debate jurídico de fondo [si la ley de amnistía impide juzgar estos crímenes], con una decisión que, de paso, termine con la tentación de abrirlo en el futuro".

Por todo esto, Garzón, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación, solicita a Varela que admita las pruebas que pide para defenderse y que archive la causa.