Garzón cree que existen vías legales para salvar la crisis del 'Alakrana'
La Audiencia Nacional duda de la fórmula que estudia el Gobierno
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cree que existen "vías legales" para resolver el conflicto que supone que dos de los presuntos secuestradores del Alakrana se encuentren presos en España, aunque precisó que "no se puede ceder a ningún tipo de presión; sería ilegal". Los secuestradores del atunero han exigido la liberación de sus dos compañeros además de una importante suma antes de devolver el barco y liberar a la tripulación.
El magistrado considera que la situación está difícil, pero estima que puede haber una cesión de jurisdicción y que los piratas sean juzgados en Somalia. Existen precedentes al respecto con Estados Unidos, Marruecos o Turquía. El problema es que no existe convenio para hacerlo, aunque no sería descabellado desarrollar un acuerdo bilateral entre los dos países para que los piratas fueran juzgados en Somalia.
La fiscalía evita adoptar iniciativas a la espera de lo que decida el Ejecutivo
El juez de la Audiencia Nacional, que ayer fue investido doctor honoris causa en la Universidad de Jaén, considera que el problema de que Somalia sea un Estado cuyos tribunales están bajo sospecha se podría resolver exigiendo garantías o estableciendo una cláusula de seguimiento. A su juicio, es la solución más factible, aunque existen otras más o menos imaginativas, "desde la celebración del juicio al sobreseimiento si no hubiera pruebas suficientes o entregar los prisioneros a quien corresponda". "Las alternativas son variadas pero ninguna pasa porque alguien tome una decisión que sea ceder a una presión. Sería tremendo", manifestó Garzón.
Los magistrados de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional, que es la que tiene la jurisdicción sobre el caso, sin embargo, no lo ven tan claro y consideran "extravagantes" las soluciones aventuradas, tanto la puesta en libertad de los dos piratas, su arresto domiciliario, el juicio ultrarrápido y de conformidad para que los piratas pudieran ser expulsados posteriormente, o incluso la cesión de jurisdicción a Somalia. No hay que olvidar que los 16 magistrados de la Sala se pronunciaron por unanimidad el pasado 2 de noviembre en el sentido de que la competencia para investigar y juzgar el caso era de la Audiencia, porque los hechos ocurrieron en un barco de pabellón español y cuando se encontraba en aguas internacionales, por lo que la jurisdicción española es la más fuerte que existe, ya que el barco tiene carácter de territorio español. Además, los jueces consideran que Somalia es un Estado fallido, cuyos tribunales y cárceles son más teóricos que reales, por lo que es imposible pedir garantías de nada. Por ello, la mayoría entiende que no tiene sentido un convenio bilateral España-Somalia, al margen de la imagen de claudicación que da.
Fuentes fiscales indicaron que la Fiscalía de la Audiencia no tiene prevista ninguna iniciativa porque de momento no ve ninguna vía para devolver a los dos piratas capturados. Por tanto, se mantiene a la espera de las iniciativas que adopte el Gobierno, informa Julio M. Lázaro.

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