Garzón deja libre al 'número dos' de Orange Market

Dos más que quedan en libertad. Y van nueve de los 12 que hasta el momento han sido interrogados. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no impuso ninguna medida cautelar a ninguno de los dos imputados que acudieron a declarar a su juzgado en la trama de supuestos cohechos, tráfico de influencia, blanqueo de capitales y defraudación fiscal que investiga y que afecta a varias instituciones que gobierna el PP. Andrés Bernabé, el chófer del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, acudió detenido pero salió en libertad con la única cautela de fijar un domicilio. También salió libre Cándido Herrero, el consejero delegado de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, la empresa de Correa. Ambos permanecen imputados por cohecho, según fuentes jurídicas.

Herrero es el número dos de Orange Market, la empresa que preside Álvaro Pérez, El Bigotes, puesto en libertad por Garzón el pasado viernes con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio. La empresa tenía una estrecha vinculación con el PP ya que se encargaba de organizar la mayoría de sus actos políticos. La empresa que preside se contaba entre las habituales en la adjudicación de eventos en la Comunidad Valenciana. Organizó durante cinco años el pabellón de esa comunidad en Fitur y la salida de la vuelta al mundo a vela Volvo Ocean Race. En las grabaciones entregadas por los denunciantes se le cita como organizador de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.

El hecho de que sólo tres de los 12 imputados que hasta el momento han pasado por el despacho de Garzón estén encarcelados se debe, según fuentes de la investigación, a que ya no existe riesgo de que puedan destruir pruebas. Además, todos los que han salido en libertad tienen domicilio conocido, por lo que se estima que el riesgo de fuga no es alto.

La Comunidad de Madrid solicitó el pasado viernes su personación en la causa como acusación particular después de que Garzón se lo sugiriera en el auto en el que denegó esa misma petición al PP. El magistrado ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que le informe sobre esa posibilidad antes de tomar su decisión.

El juez espera ahora la llegada de nuevos informes periciales para, acto seguido, inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar la parte de la trama que afecta al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo; al ex presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje, Benjamín Martín Vasco, y al diputado regional Alfonso Bosch- y del de la Comunidad Valenciana, que investigará los hechos relativos al presidente Francisco Camps. La inhibición que declare el juez en su resolución podría ser total, como pide el fiscal, o afectar únicamente a estas personas, según fuentes jurídicas.