Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

Una decena larga de altos cargos del PP colaboró, a través de Administraciones públicas donde gobernaban en las comunidades de Madrid y Valencia, con una trama de corrupción masiva liderada por Francisco Correa, el empresario que durante los años de mandato de José María Aznar montó la mayoría de los actos del partido y que participó como testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno con Alejandro Agag, del que era amigo personal.

Dirigentes públicos del Partido Popular en Madrid y Valencia concedieron trato de favor a las empresas de Correa a cambio de participar en los beneficios que estas sociedades obtenían por los contratos públicos logrados.

La investigación del juez Baltasar Garzón, que tuvo que interrumpir ayer para inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber diputados implicados, detalla las conductas supuestamente delictivas que salpican a más de diez altos cargos del PP.

En Valencia, la investigación implica al presidente, Francisco Camps; al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; a un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y al director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. Todos ellos se beneficiaron de numeroso vestuario (trajes a medidas, chaquetas y pantalones, cinturones de piel, chalecos y otras prendas) que pagaban las empresas de la red corrupta a través de un mecanismo de facturas falsas para no dejar pistas. El juez Garzón detalla en su auto las pruebas recabadas para sostener la acusación: hay facturas de las dos tiendas de ropa donde se adquirían los trajes para Camps y los otros tres altos cargos valencianos; hay declaraciones del sastre, José Tomás, que se encargaba de suministrar la mercancía a los implicados e incluso de acudir a sus despachos a tomarles las medidas; y hay grabaciones de los principales jefes de la red corrupta donde hablaban de estos regalos a los altos cargos valencianos.

Garzón vincula estos supuestos sobornos con la adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros en los últimos cuatro años a las empresas de Correa en la Comunidad Valenciana.

Garzón recuerda en su auto que, aunque el valor de los trajes regalados por la trama corrupta a Camps y otros tres cargos valencianos no sea elevado -35.000 euros probados documentalmente-, "no puede eludirse la investigación penal en cumplimiento del principio de legalidad". En su auto, el juez también apunta a la posible financiación ilegal del PP -al menos 420.000 euros- recogida en la contabilidad de las empresas corruptas. Garzón aclara que la investigación sobre este aspecto de la trama no ha finalizado.

En el caso de Madrid, el relato del juez apunta a una trama de corrupción masiva de la que participaron hasta cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey), varios cargos municipales (generalmente vinculados a empresas de suelo y vivienda) y tres diputados autonómicos, uno de ellos Alberto López Viejo, consejero de Esperanza Aguirre hasta hace unos días, cuando fue destituido tras estallar el escándalo. López Viejo, según el relato judicial, cobró hasta 563.000 euros de la trama corrupta a cambio de adjudicarles la inmensa mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta autonómica.

La investigación ha acreditado pagos de entre 250.000 y 1,25 millones de euros a cada uno de los implicados madrileños. Según la investigación judicial, alcaldes, diputados autonómicos y cargos municipales favorecían a la trama corrupta en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.