Garzón investigará la represión franquista y abrirá la fosa de Lorca

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado este jueves competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, al tratarse de desapariciones ilegales dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón acuerda además la exhumación de 19 fosas ya identificadas, entre ellas la supuesta fosa en la que se encuentra Lorca, "más todas aquellas que puedan resultar".

El juez señala en el auto de 68 páginas que el caso es competencia de la Audiencia Nacional al estar implicadas personas relacionadas con altas instituciones del Estado, entre ellas el dictador Francisco Franco Bahamonde y otros 34 acusados, en desapariciones ilegales, dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón argumenta que éste delito permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy al no haberse dado razón del paradero de cada uno de los desaparecidos. Sin embargo, al estar todos los 35 acusados fallecidos, el juez anticipa la extinción de la responsabilidad penal de los autores, lo que supondrá que el caso pasará de la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales correspondientes.

En el auto especifica que "los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado".

También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento, informa Efe.

La Fiscalía se ha opuesto a que Garzón sea competente argumentando que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y de que en el momento en el que se produjeron los hechos eran considerados delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República. A este respecto Garzón argumenta en el auto que los delitos que se van a investigar estaban incluidos en "la categoría de actos prohibidos por el 'ius in bello' (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad". El juez interpreta también que los crímenes contra la Humanidad no están incluidos en la ley de Amnistía de 1977.

Garzón asegura en el auto que los sublevados el 18 de julio de 1936 "estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (...) en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia". El juez recoge en el escrito varios bandos de los generales golpistas en el que se llama, por ejemplo "a pasar por las armas a cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento Salvador de España". Así Garzón extiende las investigaciones a los miembros de la Junta Nacional de Defensa que actuó desde 18 de julio de 1936; los miembros de la Junta Técnica del Estado Español, que sustituyó a la anterior desde el 3 de Octubre de 1936 hasta el 30 de Enero de 1938; y los integrantes de los cinco primeros Gobiernos presididos por el dictador Franco hasta el 18 de julio 1951. En el auto se pide al registro civiles los certificados de defunción de cada uno de ellos.

Garzón inició las diligencias previas para ver si era competente para investigar las denuncias de desaparecidos realizadas en los dos últimos años, por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) y varios particulares a lo largo de los dos últimos años. El juez recibió hace dos semanas un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres en el que se cifra en 114.266 desaparecidos.