Garzón ratifica la prisión de Otegi y Usabiaga por reconstruir Batasuna

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ratificado el ingreso en prisión provisional del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, y de otros tres dirigentes de la izquierda abertzale, acusados de intentar reconstruir la dirección de la formación ilegalizada bajo las órdenes de ETA. Además de Otegi y Usabiaga, ingresaron en prisión el pasado 16 de octubre la ex tesorera del PCTV, Sonia Jacinto; Miren Zabaleta, hija del líder de Aralar Patxi Zabaleta y una de las dirigentes emergentes de la izquierda abertzale; y Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika en Álava.

El magistrado acusa a los cinco detenidos de intentar reconstruir el nuevo "referente político" utilizado por ETA para sustituir a Batasuna, Bateragune, cuyo objetivo era el de "engañar" a los agentes políticos y sociales soberanistas e independentistas del País Vasco, excluyendo al PNV, mediante "treguas encubiertas" para reforzar a la banda terrorista. En el auto en el que rechaza los recursos de reforma de los cinco imputados, Garzón aclara que la encarcelación de los cinco dirigentes abertzales no tiene "nada que ver" con su "actividad pública o política".

Garzón subraya, asimismo, que los indicios y las evidencias utilizados a la hora de ordenar el ingreso en prisión de Otegi y los demás detenidos "son claros y contundentes" y añade que "la existencia, funciones, actividades y reuniones de Bateragune están claramente acreditadas".

Con respecto a la operación policial en la que resultaron detenidos Otegi y Usabiaga, el magistrado asegura que fue realizada "en el momento oportuno y cuando la investigación realizada acreditó la necesidad de la misma", que los arrestos fueron realizados "con todas las garantías" y que los encarcelamientos eran necesarios".

El mismo día que Garzón envió a prisión a los cinco imputados también dejó en libertad al histórico dirigente de Batasuna Rufi Etxebarria, a Ainara Oiz Elorriaga, a José Luis Moreno Sagües (Txelui), al candidato al Legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra, y Amaia Esnal. Los tres últimos tuvieron que pagar una fianza de 10.000 euros.