Garzón será juzgado por las escuchas de Gürtel antes que los corruptos

El juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que sentará en el banquillo de los acusados por los supuestos delitos continuados de prevaricación y de uso de artificios, de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales, a los cabecillas de la trama Gürtel, uno de los mayores casos de corrupción política de la historia de España, relacionado con el PP.

La decisión de Barreiro implica que el juez Garzón, instructor inicial del caso Gürtel, será juzgado antes que cualquiera de los cabecillas y altos cargos del PP imputados en el caso. La resolución recae muy oportunamente para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuando está a punto de dilucidarse la apertura de juicio contra él, dado que la situación de Garzón será explotada por los populares en plena precampaña electoral para desvalorizar las acusaciones.

El auto de apertura del juez Jorge Barreiro ofrece un relato de "hechos objeto de juicio" al que da el mismo formato de un genuino relato de "hechos probados", en el que ofrece a la Sala una sentencia condenatoria prácticamente hecha. Incluso aplica al delito continuado de prevaricación y al de grabación con violación de garantías el concurso de normas que castiga el delito más grave, el de prevaricación, con pena de inhabilitación de 10 a 20 años. E imputa a Garzón una modalidad agravada que ni siquiera contempla la querella inicial, al apreciar el delito de prevaricación "continuado".

En su resolución, Barreiro prejuzga que Garzón actuó "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener por medios lícitos". Y el instructor mantiene que lo hizo para conocer "la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados" de modo que "dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".

En su apreciación de los hechos, Barreiro trata de desbaratar la prevención por Garzón del derecho de defensa de los imputados diciendo que lo introdujo "a modo de coletilla". En el auto contrasta la animadversión a Garzón con el detalle sobre las "cumplidas referencias como abogados penalistas" que los cabecillas tenían de los letrados Choclán y Rodríguez Mourullo, padre e hijo. Barreiro se indigna porque ya en la primera visita a la cárcel, a estos letrados se les grabó "incluso los actos de saludo y presentación entre personas desconocidas". El instructor insiste en que las conversaciones versaron sobre aspectos relacionados con la estrategia de defensa y por primera vez saca a la luz que en ellas "se trató del pen drive ocupado a José Luis Izquierdo [el contable de la trama], que constituía una poderosa prueba de cargo para la fiscalía y sobre el que habían versado los interrogatorios practicados en la causa".

Con su novedosa mención al pen drive, Barreiro parece querer marcar el camino a seguir con dicha prueba de cargo, al señalar que en las conversaciones se habló del "contenido la interpretación" que debía ofrecerse sobre el pen drive cuando el principal implicado, Francisco Correa, fuera interrogado. Y añade que se trató de la necesidad de una "defensa coordinada entre todos los letrados" y otros extremos "relativos al puro ejercicio profesional de la defensa".