La Generalitat valenciana desafía al Gobierno y autoriza los derribos en El Cabanyal

El Gobierno valenciano ha aprobado un decreto ley urgente para sortear la suspensión de derribos ordenada el pasado lunes por el Ministerio de Cultura para evitar que se parta en dos el barrio marinero de El Cabanyal de Valencia. La norma deroga expresamente el decreto 57/1993 de la Generalitat que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto histórico del barrio marítimo de la ciudad de Valencia, que perderá más de un centenar de edificios protegidos si entran las excavadoras. En conferencia de prensa, la portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, ha calificado de "nueva agresión" y "ataque brutal" por parte del Gobierno la decisión del Ministerio de Cultura de ordenar la paralización de los derribos de casas en el barrio a pesar, ha afirmado, de estar avaladas por 12 sentencias judiciales y por el refrendo de los votos.

El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino, ha situado el dictamen del Ministerio de Cultura en el mismo nivel que la política de Franco hacia los valencianos o la abolición de los Fueros por parte de Felipe V. "No vamos a tolerar la intromisión del Gobierno central en nuestras competencias", ha añadido Cotino. El consejero apuntó a la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de estar detrás de la "maniobra".

La norma aprobada por vía de urgencia por el Consell "autoriza la ejecución" del plan especial de El Cabanyal, que prevé el derribo de 450 edificios, muchos de ellos construidos a finales del siglo XIX con influencias modernistas y en la zona declarada BIC. Y establece que, dado que la declaración de BIC fue realizada por la Generalitat en 1993 (cuando los socialistas gobernaban la Comunidad Valenciana) corresponde al mismo Ejecutivo decidir qué elementos lo determinan y se protegen.

Según la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, la protección del patrimonio de El Cabanyal no variará "sustancialmente" porque, en su opinión, se compatibilizó con el plan del Ayuntamiento aprobado en 2001. Sin embargo, la destrucción que prevé el plan de una parte importante del entramado urbano de El Cabanyal con la prolongación de una gran avenida es precisamente uno de los aspectos clave del debate social y judicial de la última década. El Tribunal Superior de Justicia valenciano, y después el Supremo, aceptaron el derribo de viviendas en el BIC porque consideraron que implicaba una mejora para el barrio y las expectativas de rehabilitación que proclamaba el plan. El Supremo, no obstante, reabrió el caso el año pasado al confirmar una sentencia pendiente que exigía del Ministerio de Cultura un dictamen específico sobre la posibilidad de que los derribos supusieran un expolio al patrimonio histórico, sobre el que tiene competencias el Estado.

Ese dictamen es el que dio a conocer Cultura el lunes, cuando ordenó paralizar el plan porque supone un expolio, según los informes recabados por el ministerio. Según la Generalitat, el decreto-ley aprobado hoy "prevalece" sobre la orden ministerial, lo que obliga al Gobierno, en su caso, a recurrirlo ante los tribunales.

Horas antes, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, consideraba "valiente, responsable y sensata" la decisión de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, de frenar los derribos. Y ha acusado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "degradar voluntariamente" el barrio para hacer caer los precios de la vivienda y facilitar de ese modo su destrucción.

Alarte ha defendido que la paralización del plan de El Cabanyal debe ir acompañado de un fuerte impulso de rehabilitación. Y ha comparado la prolongación de Blasco Ibáñez con los intentos que en su día se hicieron para convertir el viejo cauce del Turia, que hoy es un jardín, en una carretera. "Es la misma derecha" que quería aquello, ha afirmado. "Los votos de los ciudadanos no son una carta blanca para hacer cualquier cosa", ha seguido, como habrían demostrado hechos históricos acaecidos en el siglo XX.

El líder socialista ha afirmado que la concepción del urbanismo que está detrás del plan para partir en dos el barrio, "es la misma que nos ha llevado a un 22% de paro". "Estamos en otro tiempo. Barberá y Camps son el pasado. Y el Cabanyal es el último ejemplo de ese tiempo". Alarte ha calificado de "inadmisible totalmente" la decisión del Consell, ya adelantada a primera hora, de desproteger El Cabanyal para poder continuar los derribos.