Génova justifica su apoyo a Bárcenas en los "más de 30 años" de servicio al partido

El PP financia la defensa de su ex tesorero nacional y aún senador, Luis Bárcenas, imputado por el Tribunal Supremo en el caso Gürtel, porque "ha sido trabajador" del partido durante 30 años y porque así "lo consideró en su día oportuno" la organización.

Estas han sido las únicas explicaciones que ha ofrecido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la noticia que publica hoy EL PAÍS y que pone de relieve que Bárcenas es el único de la quincena de imputados en las diferentes ramificaciones del caso Gürtel que recibe su apoyo directo.

Preguntada sobre porqué el resto de imputados del partido no tiene el mismo trato, la número dos de Rajoy ha repetido la misma frase sin aclarar nada.

Bárcenas mantiene su despacho en Génova -aunque le han quitado el cartel de la puerta-, su secretaria, su puesto de senador y su militancia y, además, el PP se hace cargo de los voluminosos costes de su defensa, responsabilidad de uno de los penalistas más conocidos de Madrid, Miguel Bajo. El ex tesorero dispone de un importante patrimonio, valorado en unos tres millones de euros.

Según fuentes del PP de Madrid, todos los implicados madrileños en la trama Gürtel se pagan de su bolsillo sus abogados. Todos han sido suspendidos de militancia, pero Bárcenas no, pese a que los cargos que caen sobre todos ellos son similares, o incluso más graves en el caso del ex tesorero, cuya esposa, además, también está imputada por el mismo caso. En Valencia ocurre lo mismo; tanto Francisco Camps como Ricardo Costa han pagado su propia defensa.

No censura a Aguirre

Cospedal también ha pasado de puntillas por el otro gran asunto de los últimos días, la reabierta guerra en el PP de Madrid a cuenta Caja Madrid, el desliz de Esperanza Aguirre del pasado viernes cuando pensaba que nadie le oía y su rivalidad con Gallardón.

La secretaria general del PP ha reiterado en múltiples ocasiones que no pensaba valorar ni las palabras del viernes de la presidenta de Madrid ni la entrevista que concede hoy a El Mundo en la que reitera que el calificativo de "hijoputa" no se refería al alcalde de Madrid sino a un consejero de la entidad financiera, Fernando Serrano, afín al regidor y que se ha quedado sin asiento en favor de Izquierda Unida, según reveló la presidenta en su desliz, algo que Mariano Rajoy sabía desde hace un mes.

Cospedal se ha escudado en que Aguirre ya pidió perdón por utilizar dicha expresión.

En la entrevista, además, Aguirre reitera que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, no debería figurar en las listas de las elecciones municipales previstas para 2012 tras la sanción que, previsiblemente, supondrá su suspensión de militancia por un año por las declaraciones contra Aguirre realizadas en EL PAÍS el pasado mes de octubre.

La locuacidad habitual de la presidenta madrileña contrasta con el mutismo de esta mañana, informa Efe. El acto de Aguirre en una residencia infantil ha suscitado gran interés entre los medios de comunicación por ser la primera convocatoria pública desde su desliz ante los micrófonos. Pero la presidenta ha zanjado, cuando los periodistas le han preguntado sobre el asunto:"Yo hago muchas declaraciones, pero hoy no".

"Como la gente de la calle"

La reactivación de la guerra entre Gallardón y Aguirre parece preocupar más al Gobierno que al propio PP. En una entrevista en Antena 3, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha soslayado el asunto y lo ha enmarcado en el plano personal. Según Sáenz de Santamaría, es "normal" que en un partido con 700.000 militantes haya "diferentes maneras de abordar las cosas", siempre bajo unos principios "únicos" y un discurso basado en la libertad, la igualdad de oportunidades y la necesidad de impulsar reformas económicas.

Sin embargo, para la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, la literalidad de las palabras de Aguirre ("que ponen de manifiesto la necesidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía") revelan que "cuando se trata del poder, el PP es más intervencionista que nadie".

Salgado, en declaraciones a TVE, no ha querido valorar el insulto de Aguirre ya que considera "más grave la pregunta de qué armas tenemos". En un momento de la conversación con González, Aguirre asegura que "ellos [sus rivales en Caja Madrid] van a presentar lo de la ley" [una reforma legal para ampliar el número de consejeros] e inquiere a su vicepresidente por las armas que tienen contra sus adversarios en la entidad.

Para la vicepresidenta económica es la prueba del "deseo de intervenir" y de que "la batalla continúa" dentro del PP.

Algo más concreto que su jefa de filas se ha mostrado el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, quien ha culpado de la guerra entre Aguirre y Gallardón a la Ley de Cajas que, en su opinión, deja los consejos rectores en manos de los políticos, algo que el PP propone cambiar ya que "no es bueno que desde la política se esté trasteando en los consejos".

Según Montoro, la expresión de Aguirre captada por los periodistas demuestra que los políticos "hablan como la gente" de la calle.