El Gobierno de Baleares se compromete por ley a alimentar a quien no tenga dinero

El Gobierno de Baleares quiere hacer cumplir de manera universal "la cartera" de los llamados "derechos subjetivos", entre ellos "el derecho a una ingesta mínima de alimentos que evite que una persona pase hambre a consecuencia de su situación económica". Esta cita aparece en los casi cien folios del primer anteproyecto de ley de Servicios Sociales, que ayer fue presentado a las entidades del sector por la consejera Fina Santiago de Izquierda Unida-Els Verds. El borrador entrará en el Parlamento en septiembre y puede ser ley en 2009.

Ni hambre, ni falta de techo ni de ropa. Quien no reciba atención para satisfacer sus "necesidades básicas" por parte las administraciones públicas y entidades asistenciales privadas podrá reclamar ante los juzgados cuando sienta sus derechos vulnerados. El deseo político se centra en "modernizar los servicios sociales" para "potenciar la autonomía y la calidad de vida" de la ciudadanos y su opción"a vivir dignamente", según la consejera. "En Sanidad y Educación la gente conoce su atención universal y en asistencia social es aún arbitrario".

Según el Gobierno para cada 30.000 habitantes deberían existir comedores sociales y ahora en Mallorca -con 800.000 habitantes- solo funciona un comedor social en Palma. "En verano", reseña la consejera Santiago, "las becas de alimentación en los comedores escolares se paralizan. Y hay niños que no están bien alimentados. Eso queremos corregir".

El cuerpo normativo y las disposiciones que ha elaborado el departamento del Gobierno de centro izquierda, que preside Francesc Antich, del PSOE, detalla que asume la literalidad de los derechos y principios estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea, los convenios internacionales de vanguardia en el marco de la Constitución española.

Por decreto y en un año y medio

Una carta balear específica de Derechos Sociales, que se aprobará por decreto en el periodo de un año y medio, estipulará los apartados de acción, las vías de asistencia y los ámbitos de exigencia. Por ley, toda la población es destinataria de los servicios sociales. También los extranjeros en situación de exiliados, refugiados o apátridas y también los foráneos no comunitarios residentes.

Uno de los derechos que se subrayan es el del acceso a la información necesaria "verídica y suficiente y en términos comprensibles" para solventar los problemas vitales de los necesitados. La información "se les deberá dar ( de manera especial) si tienen dificultades derivadas del desconocimiento de la lengua y padecen alguna discapacidad o por otras razones". Se subraya que la protección social se ha de facilitar con "los apoyos oportunos y necesarios para comprender la información".