El Gobierno de CiU se vuelca en la consulta soberanista

Convergència i Unió llegó al poder en Cataluña apostando por un difuso "derecho a decidir" y, una vez en la Generalitat se ha volcado en apoyar la consulta ciudadana de este domingo en la que Barcelona votará simbólicamente sobre la independencia de Cataluña. CiU esconde su lado soberanista en el Parlamento autónomo, pero en estas consultas, que carecen de validez legal, se suma con entusiasmo. Aunque le haya costado más de una discusión con el socio minoritario de la federación, Unió, siempre reticente a la deriva soberanista de Convergència.

Mas y ocho de sus 11 consejeros han participado en la votación soberanista o lo harán el domingo, aunque la mayoría, como el presidente, han optado por hacerlo lejos de los focos. El caso más sorprendente es el de la consejera de Justicia, Pilar Fernández, que votó en una consulta que ella misma había censurado en su etapa como abogada del Estado. De los tres que no lo han hecho, todavía está a tiempo la vicepresidenta Joana Ortega, de Unió, que no ha revelado si participará. No ha votado Josep Maria Pelegrí, también de Unió y titular de Agricultura, que pudo hacerlo en Lleida. Ambos siguen el dictado del líder democristiano, Josep Antoni Duran, que rechaza estas votaciones. Francesc Xavier Mena, consejero de Empresa y Ocupación, no vota porque no se ha celebrado consulta en su municipio.

Nadal asegura que el Estado no se lo ha puesto fácil a la Generalitat

Además del apoyo simbólico, el Gobierno de CiU ha ayudado en la logística, cediendo 75 urnas para la votación. Aunque a la vicepresidenta Ortega le costó ceder las urnas: primero dijo que era ilegal, pero después rectificó y las dejó a los promotores. El Gobierno tripartito también colaboró. "Las relaciones con el Ejecutivo anterior no fueron excesivamente intensas, como con el gobierno actual. No es una consulta gubernamental", aclaró ayer el portavoz de los organizadores, Alfred Bosch.

La implicación del Gobierno catalán con la consulta independentista llega en un momento de tensión con el Ejecutivo central por los, finalmente 1.350 millones del Fondo de Competitividad que el Estado debe a la Generalitat. Ayer Mas contó con un aliado inesperado: el líder de la oposición. En una entrevista en RAC-1, el socialista Joaquim Nadal reconoció que el Gobierno del PSOE no pone "las cosas fáciles" a Mas y rechazó defender al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.