El Gobierno de Griñán y el caiga quien caiga
Desde que estalló el caso de los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos, el Gobierno andaluz que preside el socialista José Antonio Griñán ha marcado como estrategia prioritaria a seguir la de facilitar todos los datos a la juez que investiga el caso, desempolvar los expedientes que han pasado por las manos del ex director general de Trabajo durante nueve años, Javier Guerrero, e incluso los de las ayudas a las empresas en crisis, no porque vea sospechas, sino para eliminarlas.
La máxima a seguir por los socialistas es el "caiga quien caiga", en la convicción de que mantener una actitud titubeante en este espinoso, feo y turbio asunto sería letal para sus intereses. Es una forma, además, de marcar distancias con el PP en la trama de corrupción del caso Gürtel: "La Junta de Andalucía descubre y limpia y el PP tapa y salpica", aseguró días atrás la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autónomo, Mar Moreno.
La primera línea de actuación es la de la transparencia y en segundo término se sitúa la de la defensa de las políticas de ayudas a empresas en crisis y a trabajadores, que ha sido la seña de identidad de la Junta de Andalucía desde hace 20 años.
Dicho eso, la mayoría absoluta socialista en el Parlamento andaluz está decidida a tumbar todas las veces que sea necesaria la petición de una comisión de investigación. Desde el PP, la estrategia marcada pasa por resaltar la existencia "de una trama organizada para beneficiar a amiguetes, familiares y chanchullos del PSOE", cuando, por el momento, hay ocho personas con carné del PSOE que se habrían visto beneficiadas como falsos prejubilados. Todas ellas han sido dadas de baja en el partido. También se ha apartado de las filas socialistas a Guerrero y al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien además era secretario general de la agrupación de Camas (Sevilla), donde tres militantes y sus dos concuñados están implicados.
En estas dos personas sitúa el Gobierno y la dirección del PSOE el máximo nivel de responsabilidad política. Son el cortafuego de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, quienes mantuvieron en su cargo a Guerrero durante nueve años. Para el PP, la pieza política a cobrar es la de Viera. Es diputado y senador por la comunidad, pero sobre todo es el secretario general del PSOE de Sevilla, la provincia que concentra el mayor número de casos irregulares.
Los resultados del PSOE en Sevilla son los que marcan la diferencia con la derecha en el Parlamento andaluz. El PSOE tiene 56 escaños, por 47 del PP y seis de IU. De esos nueve escaños de diferencia, cinco lo son por Sevilla. Viera defiende su gestión y asegura que no dimitirá. Tiene el cerrado apoyo de Griñán, de las direcciones regional y federal y de la ejecutiva provincial. Por ahora.
