_
_
_
_
_

El Gobierno de Matas pagó a una agencia amiga 590.000 euros para autobombo

Algunos contratos servían para insertar en revistas entrevistas a cargos del PP

Las facturas incluidas en el sumario del caso Palma Arena, donde se investiga la financiación irregular del PP balear a costa de engordar artificialmente las facturas de la instalación deportiva, destapan, además, un ingente gasto del Gobierno del ex presidente Jaume Matas en campañas de autopromoción y en subvenciones indirectas al canal de televisión de un empresario afín.

El departamento de comunicación de Matas, que perdió el Gobierno en mayo de 2007, y la secretaria general de Presidencia adjudicaron durante el mandado del ex presidente a la empresa de publicidad Nimbus más de medio centenar de contratos por un importe cercano a los 12.000 euros cada uno (el tope para la adjudicación a dedo) para que gestionara la inserción de publicidad, noticias y entrevistas de Matas y su Gobierno en medios de comunicación. En total gastó 591.000 euros.

El Ejecutivo balear pagó 24.000 euros por entrevistas a Chenoa o Laporta
Más información
El juez reclama investigar la fortuna de Matas

Nimbus está siendo investigada en el caso Palma Arena por el sobrecoste en la facturación de algunas partidas del velódromo Palma Arena y por cobrar dinero negro del PP. El propietario de la compañía, Miguel Romero, detenido e imputado en la causa y en libertad bajo fianza, reconoció ante el juez que el tesorero del PP Fernando Areal le pagó tres partidas en dinero negro para evitar superar los límites oficiales en la publicidad electoral.

Según consta en los archivos de Presidencia, intervenidos por el juez José Castro y los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, Nimbus cobró, por ejemplo, 11.905 euros de los presupuestos oficiales de Baleares por gestionar una "entrevista con el presidente para la publicación Actualidad Económica".

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Otra reseña, "Gestión entrevistas a consejero", llevaba aparejado un gasto de 10.915 euros. El "mailing gala premios" de la misma revista se pagó con una factura de 11.970 euros.

Una inconcreta "intermediación en diario nacional para inserción de informaciones sobre Baleares 2005" costó otros 12.000 euros, y la "gestión, inserción de noticias de Baleares en Expansión" tuvo un importe de 12.000 euros. Igual partida requirió "la elaboración de informaciones económicas en prensa nacional".

Las adjudicaciones a Nimbus o a alguna de las empresas que están bajo su paraguas (Iberpacific, Promarca o Romero&Cía) estaban autorizadas por el que era director general de Comunicación de Matas y actual jefe de prensa del PP balear, Joan Martorell, y por Jane King, secretaria general de Presidencia. Ambos, que avalaban las adjudicaciones, solicitaban y autorizaban los contratos y conformaban las facturas, están imputados por el juez en el caso.

Además, la televisión local Canal 4 recibió miles de euros por conceptos variopintos. El Gabinete de Matas, por ejemplo, gastó 12.000 euros de fondos públicos para que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, fuera entrevistado en un programa de Canal 4. La inversión fue justificada como "organización participación Joan Laporta en el programa Perfils Mediterranis". La misma cantidad se gastó para que la cantante Chenoa acudiera al mismo espacio o para "la organización de la presentación del libro" con las entrevistas de la presentadora del programa, Maria de la Pau Janer. Matas fichó a Janer para su lista del PP de 2007, y el episodio acabó mal: el presidente perdió el poder y la escritora no tomó posesión del escaño en la oposición.

El propietario de Canal 4 es el empresario inmobiliario Jacinto Farrús, que recibió del Gobierno de Matas múltiples frecuencias de televisión digital, radio y la gestión de las noticias y parte de la programación de la cadena autonómica IB3. Para cobrar las subvenciones indirectas utilizó tres compañías distintas: Otnis Balear, Galatzó Films y Canal 4.

Hasta 12 cargos políticos de la derecha, cinco de ellos del entorno de Matas, están imputados en el asunto Palma Arena por supuestos delitos de prevaricación, falsedad, malversación y cohecho en las obras del megavelódromo, que pasaron de costar 41 millones de euros a 110.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_