El Gobierno aplaza la financiación local hasta 2011

No habrá nuevo modelo de financiación local hasta 2011, pero el Gobierno se compromete a "estudiar vías de ayuda" para paliar la situación de angustia financiera de los ayuntamientos. Es lo que respondió ayer el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, que pretendía reabrir la negociación sobre la financiación municipal.

Chaves defendió aplazar la renovación del modelo de financiación local y negociarlo con tiempo hasta que España salga de la crisis. Mientras tanto, garantizó a Castro que el Gobierno aliviará a los ayuntamientos con medidas financieras como las que ha puesto en práctica estos meses de crisis: saneamiento de las deudas pendientes de pago y avales a empresas y autónomos y puesta en marcha del fondo de inversión local de 8.000 millones este año.

Castro pidió subir de 5.000 a 8.000 millones el fondo que el Gobierno tiene previsto destinar para 2010 en inversión local para compensar la caída de los ingresos de la financiación por la menor recaudación de impuestos estatales y autonómicos. Chaves respondió que el Gobierno no tiene previsto dedicar más de 5.000 millones a ese fondo, que para 2010 se destinará a proyectos tecnológicos relacionados con las energías renovables. Pero reiteró su compromiso a utilizar "vías puntuales de ayuda" en función de las necesidades presupuestarias de los ayuntamientos para 2010.

Sobre la reclamación de la FEMP de que los ayuntamientos participen de los ingresos de las comunidades autónomas en compensación por el ejercicio de funciones cuya titularidad son de éstas, Chaves se comprometió a estudiar una fórmula para que el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos puedan sentarse a debatir sobre esta cuestión. Se comprometió, también, a dejar a punto en el próximo trimestre la reforma de la Ley de Régimen Local para que entre en el Parlamento a primeros de 2010. La reforma clarifica por ley la distribución de competencias entre comunidades autónomas y ayuntamientos.