Una de las medidas más polémicas del proyecto de ley de Economía Sostenible es la denominada ley Sinde (por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde) que pretende terminar con las descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.

Para ello, el Gobierno incluyó en el anteproyecto presentado en noviembre una cláusula adicional que ordenaba la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura y con representación de las sociedades de gestión de derechos de autor que tendría la capacidad de cerrar y bloquear páginas web que, en su opinión y sin el concurso previo de un juez, ayuden de alguna manera a la descarga o intercambio de archivos. Posteriormente, el propio Gobierno precisó que la comisión debería acudir a un juez de la Audiencia Nacional para que autoriza, en un procedimiento rápido, el cierre cautelar de la web.

Tras el anteproyecto, diversas instituciones consultivas informaron de las lagunas que la disposición adicional tenía. Para el Consejo General del Poder Judicial el Gobierno no ha tenido en cuenta la saturación que puede provocar la participación de la Audiencia Nacional en el proceso posterior a la decisión de bloque o cierre.

La Fiscalía General del Estado fue más allá al calificar de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y criticaba que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.

El anuncio de la introducción de la ley Sinde provocó un auténtico tsunami en Internet con la creación de grupos en las redes sociales, la movilización de la blogosfera o un auténtico aluvión de mensajes en Twitter. La repercusión provocó un hecho insólito: la propia ministra de Cultura recibió a un grupo de profesionales de Internet para explicarles en primera persona el contenido de la norma y los, en su opinión, nulos peligros para la libertad de la Red y su neutralidad.

El mismo día de la reunion entre González-Sinde e internautas, el propio presidente del Gobierno tuvo que atajar la polémica y, durante una rueda de prensa, anunció que el Ejecutivo no pensaba "cerrar ninguna web".