El Gobierno aprueba que el aborto sea un derecho durante las 14 primeras semanas

El Gobierno ha dado este sábado luz verde a su reforma de la ley del aborto, que lo configura por primera vez como un derecho y que iniciará ahora su andadura parlamentaria. Los detalles del texto se han ido desgranando y analizando durante los últimos cuatro meses, y hoy quedaban ya pocas novedades por descubrir. Las posiciones están fijadas. La mayoría de los grupos parlamentarios -salvo el Partido Popular-, aunque no estén de acuerdo en aspectos concretos del proyecto, coinciden en la necesidad de modificar una norma de 1985 que ha provocado evidentes problemas tanto a las mujeres que abortan como a los médicos. No hay seguridad jurídica en España en estos momentos en relación con el aborto y la legislación es muy distinta a la del resto de Europa. Es uno de los pocos países de la Unión Europea que no considera el aborto como un derecho dentro de unos límites determinados.

El PP sostiene que la reforma es innecesaria e inconstitucional. La portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que se trata de una modificación legal "contraria al sentir de la inmensa mayoría de mujeres y padres". Pero durante estos meses, los populares no han explicado bien su posición. Mientras la mayoría de los partidos coincide en que es necesario dotar de unas reglas claras -cualesquiera que sean- al aborto y los sectores más conservadores piden que esta práctica se prohíba, el PP se ha quedado en tierra de nadie. Apoyan la manifestación en contra del aborto del 17 de octubre, pero no oficialmente y su presidente, Mariano Rajoy, ha anunciado que no acudirá. Dicen que la ley actual es suficiente y piden que se aplique de forma restrictiva para evitar abusos, pero ellos no ejercieron ningún tipo de control durante los ocho años que gobernaron.

Sáenz de Santamaría se refirió este sábado a uno de los puntos más polémicos de la reforma, el que permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, y sin informarles. Con esta medida, el Gobierno equipara el aborto con el resto de prestaciones sanitarias. La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 (aprobada por el Gobierno popular de José María Aznar) establecía la mayoría de edad sanitaria en los 16 años salvo en tres supuestos: los ensayos clínicos, la reproducción asistida y el aborto. Esta última es la que ahora se quiere pasar al régimen general.

El Consejo de Estado había recomendado al Gobierno que dejara la decisión en manos de las mujeres pero que se informara a los padres salvo en caso de "grave conflicto" -aunque no explica cómo se regularía esta excepción-. El Ejecutivo ha preferido mantener su texto tal y como estaba y, en todo caso, modificar este punto en el trámite parlamentario. Sáenz de Santamaría ha dicho que los populares están "sorprendidos" ante la negativa del Gobierno de rectificar y ha opinado que la reforma permite que los menores no estén "acompañados y asesorados" en un momento tan traumático como el aborto.

Las españolas, si se aprueba el proyecto de ley, podrán decidir libremente abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo. Podrán también interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si su vida o salud corren un grave riesgo o si el feto sufre malformaciones graves. Después de estos plazos, solo se podrá abortar si el feto sufre anomalías incompatibles con la vida o extremadamanete graves e incurables y así lo diagnostica un comité clínico. Se han eliminado las penas de cárcel para las mujeres que aborten fuera de los supuestos previstos. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido el proyecto diciendo que es una ley "sensata y ajustada a derecho, que quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la ley actual", que "se ajusta a nuestra realidad social" y que "sintoniza más con las legislaciones europeas".

La Plataforma Mujeres ante el Congreso, que ha celebrado en Madrid una concentración a favor del derecho al aborto, y la Asociación de Clínicas Acreditadas de Interrupción del Embarazo (ACAI) -las clínicas privadas llevan a cabo el 97% de los abortos en España- se han mostrado en general satisfechas con la reforma, aunque han pedido mejoras, como que se amplíe el límite de las 14 semanas de plazo libre para abortar o que se elimine el periodo de reflexión de tres días que se da a las mujeres para que piensen si quieren seguir adelante con la interrupción del embarazo una vez que se les ha dado toda la información.