Lunes, 23/11/2009
España
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 02/02/2009
El Gobierno ha emprendido de tapadillo una reforma de la Ley de Costas que suaviza su aplicación. Para ello, Medio Ambiente ha introducido una enmienda a la Ley de Navegación Marítima -de otro ministerio y sin relación con el litoral- para permitir vender y comprar las casas construidas en dominio público, sobre la misma playa, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño. El Ejecutivo comienza así, por la puerta trasera, a rebajar una de las políticas de Cristina Narbona que más problemas acarrearon al Gobierno: la recuperación del dominio público en el litoral.
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Una enmienda a la Ley de Navegación trata de aplacar las quejas de Europa
El cambio no pasó por el Consejo de Estado, ya que se introdujo a última hora en la Ley de Navegación Marítima, elaborada por el Ministerio de Justicia y el de Fomento. Al tramitarse en comisión (la de Justicia, no la de Medio Ambiente) con competencia legislativa plena, el texto tampoco pasará por el Pleno de Congreso. Sin una línea en la exposición de motivos que justifique el cambio -al aprobarla el ministerio sí dio una críptica nota sobre la reforma-, Medio Ambiente abre una reforma de la Ley de Costas, norma clave de medio ambiente, vigente desde 1988.
La disposición final cuarta de la Ley de Navegación Marítima, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, añade dos apartados a la Ley de Costas: "Las concesiones [a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988] serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, que las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esa reforma se podrán vender y comprar. Medio Ambiente tendrá tres meses para ejercer el derecho de tanteo.
Hasta ahora, el Estado otorgaba una concesión de 30 años (ampliables a 60) a los dueños de las casas construidas en dominio público antes de la ley, pero no podían venderlas (salvo excepciones con trámites complejísimos). La reforma, que aún deben aprobar las Cortes, afecta a las cosas construidas legalmente antes de 1988. El Constitucional aceptó en 1991 la fórmula de expropiación contemplada en la ley: que los dueños podrían disfrutar de las propiedades 30 años y que después pasarían a ser demolidas.
Aunque la ley tiene 20 años, fue la ministra Narbona la que comenzó a aplicarla realmente en 2004, ya que los ocho años anteriores apenas se avanzó en el deslinde de la costa -el trámite que delimita la zona pública y la privada de playa-.
Esto provocó miles de protestas, la creación de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (que calcula que hay 45.000 viviendas en esa situación) y quejas de las embajadas del Reino Unido y Alemania, ya que muchos de los compradores en primera línea eran extranjeros que, al adquirir su chalé, no fueron informados de que su casa podía pasar a manos del Estado.
La directora general de Costas, Alicia Paz, afirmó a este diario el pasado octubre que no había iniciado "ningún proceso de modificación legal" y que no sabía si se plantearía "algo puntual". Un mes y medio después, el Consejo de Ministros reformaba la ley. Medio Ambiente argumenta que el cambio legal es "una modificación puntual y no de fondo de la citada ley, ya que no altera en absoluto el espíritu de la misma" y que la reforma no contradice lo que declaró Paz.
Sin embargo, Javier Sanz, profesor de Derecho Administrativo en La Coruña y experto en el litoral, afirma: "No es que privatice la costa, pero es un cambio radical de entender las concesiones". En sentido parecido se pronuncia el abogado de la Plataforma de Afectados, José Ortega, quien lo califica como un cambio importante que afecta a mucha gente y va en la dirección correcta. Ortega fue muy crítico con Narbona y apoya el cambio de Elena Espinosa. Los dueños de casas en dominio público, muchos jubilados que se veían sin posibilidad de vender su casa, aplauden la medida.
La medida ha generado malestar entre técnicos de Costas, por la forma en que se ha hecho y por el fondo. Argumentan que dificultará la recuperación del dominio público. Hasta ahora, si Costas quería rescatar una concesión de una vivienda sobre la arena podía alegar ante el dueño que lo mejor era llegar a un acuerdo ya que no podría vender esa casa. Ahora, al poder venderlas, las viviendas se revalorizan y se dificulta la adquisición por parte de Costas.
La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona pisó muchos charcos. Y en dos de ellos -la costa y el agua- se terminó por ahogar. El retraso en las desaladoras que debían sustituir el trasvase del Ebro y las protestas de alcaldes y comunidades con costas (del PSOE y del PP) y de las embajadas de países de la UE por la aplicación de la Ley de Costas colmaron la paciencia de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, diputada por Valencia, llegó a supervisar deslindes de costas de Valencia para minimizar los daños.
El deslinde es un trámite muy complejo y aparentemente técnico, pero con gran relevancia ya que, basándose en criterios geográficos, se decide qué casas quedan en dominio público y cuáles pueden seguir en manos privadas. Hay mucho dinero en juego. Si en 2003, Medio Ambiente deslindó 332 kilómetros de costa, en 2007 superó los 1.500 kilómetros. Y las protestas se multiplicaron con la superficie deslindada. Más del 83% del litoral ya lo está.
Así que al otorgar la gestión del medio ambiente al equipo de Agricultura, uno de los objetivos de José Luis Rodríguez Zapatero era rectificar estas dos políticas. Y la ministra Elena Espinosa se ha puesto a ello a su manera, callada pero inexorable, sin los sobresaltos de Corbacho en la rectificación de la política de inmigración de la etapa de Caldera.
En materia de agua no queda ninguno de los responsables del anterior equipo, Medio Ambiente admite públicamente que "las desaladoras no son la panacea" y planea un nuevo trasvase desde el Tajo en Extremadura al Segura, algo impensable con el equipo antitrasvasista de Narbona. Con el cambio de la Ley de Costas comienza el cambio de rumbo para evitar problemas en el litoral.
- La Ley de Costas, de 1988, declaró público todo el terreno de playa y hasta donde llegaban los mayores temporales conocidos.
- Las casas construidas antes de 1988 en dominio público pasaban a ser del Estado, que daba hasta 60 años de concesión a los dueños. Éstos no podían vender sus casas ni reformarlas sin permiso.
- La norma daba cinco años para completar el deslinde, trámite que delimita las que están en dominio público.
- La realización de deslindes fue a cámara lenta hasta 2004, cuando Narbona comenzó a aplicar la ley y originó una oleada de protestas que ahora el Gobierno quiere aplacar.
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- 02-02-2009Página 1 de 12
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JJMM
- 02-02-2009 - 21:12:25h
Cada noticia que leo acerca de lo relativo a nuestras costas me reafirman en adoptar una postura más exacerbada. Si por mi fuese, tomaría una gran pala mecánica y limpiaría todas las costas de cualquier edificiación, aunque fuese de madera hasta 150 metros de la marca de la marea más alta. Y todo lo que sobrepase un 3% de la distancia hasta esa marca -5 metros la primera construcción-. Así no tendríamos el vertedero de aguas fecales de Benidorm, por ejemplo, y otro cientos, o miles, de barbaridades similares.
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andresrguez
( http://cienciasycosas.blogspot.com )
- 02-02-2009 - 20:58:41h
De forma básica, se va a permitir regular determinadas propiedades situadas en el límite de la ley de costas (los primeros 500 metros de costa), aunque se seguirán actuando para recuperar los territorios exquilmados a la ley de costas, aunque con menor severidad de antes (se nota que hay menos dinero para pagar las compensaciones a los propietarios).
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Perseo
- 02-02-2009 - 20:54:16h
Me parece muy bien, las correcciones que el Gobierno está impulsando en la aplicación de la Ley de Costas, fundamentalmente en eliminar aquellos criterios arbitrarios. Soy un defensor del medio ambiente, pero su mejora no puede realizarse a costa de aplicar una ley con caracter retroactivo, forzar las leyes o aprovecharse de sus muchas inconcreciones y parrafos confusos para que se instale la arbitrariedad en su aplicación, cuando está en juego el patrimonio, muchas veces modesto, de muchos ciudadanos. Con todo, donde se detecta el culmen de la arbitrariedad es en LOS DESLINDES. Estos sí que habría que controlar de forma exaustiva y no dejarlo en manos solamente de técnicos.
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Lucía
- 02-02-2009 - 20:27:20h
Parece que ha sido necesaria una triste noticia como ésta para que se valore la gestión de Cristina Narbona. Nunca es tarde si la dicha es buena... La concesión de 60 años es más que razonable...y el desconocimiento de nuestra legislación (incluyendo la Constitución, su art. 132: Son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental) que alegan los propietarios es una razón ridícula. Y no olvidemos que el mar, y los ríos, antes o después recuperan lo que es suyo. Luego pedirán indemnizaciones...
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Yo pecador
- 02-02-2009 - 20:21:22h
Lo de siempre no hay político ni partido serio en este país por eso voto en blanco. Las costas son de todos y no se debería haber construido nunca en ellas. Los que lo hicieron lo hicieron sin permisos o los recibieron de forma fraudulenta. Si no se arregla este desaguisado e injusticia, ¿que se puede esperar de un gobierno que se dice de izquierdas y comprometido por la paz y la ecología?
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