El Gobierno balear se persona en el 'caso Palma Arena' como parte perjudicada

El Ejecutivo argumenta que deberá asumir el sobrecoste del velódromo hasta 2026

El Gobierno balear ha aprobado personarse en las diligencias previas del caso Palma Arena como parte perjudicada, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló. La decisión se ha tomado después de que la abogacía de la comunidad "examinara todos los documentos" y una vez que se ha levantado el secreto de sumario sobre la instrucción del caso, que investiga una supuesta trama de corrupción en la construcción del velódromo durante la pasada legislatura del PP.

El Gobierno autonómico ha tenido en cuenta en esta decisión que la comunidad autónoma es la que ha de asumir el coste de construcción del pabellón hasta 2026, una obra que ha tenido un sobrecoste de 46 millones de euros (hasta unos 110 millones), ha recordado Barceló.

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Desde que a primeros de agosto se produjeron las primeras detenciones de varios implicados en la trama de corrupción, la justicia ha imputado a una docena de colaboradores y ex altos cargos del Gobierno de Jaume Matas entre 2003 y 2007.

La portavoz del Ejecutivo balear ha explicado que con la decisión aprobada hoy "de una manera directa", el Gobierno "podrá defender mejor los intereses de los ciudadanos de todas las islas". Barceló ha reiterado la conveniencia de actuar una vez levantado el secreto de sumario del proceso, así como el hecho de que el coste económico que implica esta instalación va "fundamentalmente" a cargo del Govern, "y si se confirman los indicios de malversación se produciría un perjuicio de todos los ciudadanos, no sólo del consorcio". Así que "se ha valorado como un acto obligado".

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