El Gobierno camufla el anuncio de la desaparición de los 426 euros para parados

La ayuda de 426 euros para parados sin rentas constituye el mejor ejemplo de las contradicciones del PSOE sobre cómo responder a la crisis. Los socialistas la defendieron con entusiasmo en el momento de su creación, hace más de un año; poco después fueron deslizando pistas sobre una pronta desaparición. Y a pesar de alguna señal en sentido contrario -el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró el mes pasado que se iba a mantener-, este subsidio ya tiene fecha de defunción: a mediados de febrero. A partir de ese momento no entrarán nuevos beneficiarios, aunque quienes ya la estén percibiendo y agoten el cobro más tarde la mantendrán hasta el final.

Lo curioso fue cómo La Moncloa presentó la finalización de esa ayuda extraordinaria. El resumen de medidas facilitado ayer a la prensa la incluía dentro de otra mucho más positiva: la incorporación de 1.500 orientadores de empleo que fomentarán la inserción laboral de los parados y que se sumarán a otros 1.500 ya contratados en 2008. "Como consecuencia de ello", añade la nota, la ayuda de 426 euros "concluirá en febrero, como estaba previsto". En realidad, el Ejecutivo tiene potestad para prorrogar cuando quiera esta ayuda, que hasta ahora se ha renovado dos veces y que los desempleados perciben por un periodo máximo de seis meses. Y mejorar la plantilla de los servicios públicos de empleo no implica necesariamente hacer desaparecer la ayuda.

Se da la paradoja, además, de que solo un día antes de este anuncio el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, había explicado en el Congreso de los Diputados que su departamento trabajaba en una redefinición de esta renta para condicionarla a la participación en formación. Esa perspectiva queda ahora descartada, aunque es probable que se diseñe una alternativa.

Desde que entró en vigor, en agosto de 2009, unos 700.000 parados que habían agotado la prestación y el subsidio ordinario se han beneficiado de la renta de 426 euros, con un coste para las arcas públicas cercano a 1.400 millones de euros. La desaparición de esa ayuda supondrá un notable ahorro en un momento en que cada euro cuenta.