El Gobierno elaborará un censo de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos

Algunas de las lagunas de la ley de la Memoria Histórica pueden llenarse algo más con la proposición no de ley que la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado, por la que se insta al Gobierno a que en un plazo de seis meses haya elaborado un censo de las personas enterradas en el Valle de los Caídos, la obra del franquismo con la que el dictador quiso dejar la huella de su victoria frente a la República.

La iniciativa ha partido de ICV-IU-ERC y de Nafarroa Bai, si bien, la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista ha permitido un texto asumible para los proponentes. No es exactamente lo que pedían pero la enmienda transaccional socialista, negociada discretamente por el socialista catalán Daniel Fernández con Joan Herrera (ICV) y Uxue Barkos (Nafarroa Bai) ha terminado con un texto que han aprobado el resto de los grupos menos el PP. El diputado popular Jorge Fernández Díaz ha considerado que la propuesta no tiene en cuenta la Ley de Protección de Datos ni las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Congreso exige al Gobierno "elaborar en el plazo máximo de seis meses, un censo de las personas que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos, especificando cuando se conozcan, las identidades y sus lugares de procedencia", así figura en el primer punto de la resolución aprobada. El Gobierno debe "facilitar a todos los familiares y ciudadanos interesados, así como a las asociaciones e instituciones, desde la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura , con pleno respeto de las normas que regulan la protección de datos personales, el conjunto de los datos disponibles sobre las inhumaciones de restos humanos en el Valle de los Caídos, incluyendo, cuando se conozcan las identidades y los lugares de procedencia de las personas allí enterradas", señala el segundo punto aprobado.

El punto tercero hace referencia al coste de todo el proceso."Se facilitarán económicamente -como ya señala la Ley de Memoria Histórica- las exhumaciones y, en su caso, se agilizará el traslado de los restos humanos, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos, tal y como establece la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura."

Robo de cuerpos

En los festejos del primer aniversario de su victoria, en 1940, cuando Franco explica a sus hombres de confianza y a embajadores de la Alemania nazi y la Italia fascista su gran proyecto, no tenía ninguna intención de incluir en el Valle de los Caídos a los muertos del bando enemigo. Pero tampoco pensaba que fuera a tardar 20 años en construirlo. Muchas viudas de soldados franquistas no autorizaron el traslado de los cuerpos de sus maridos al mausoleo.

El régimen necesitaba cuerpos para alimentar aquella enorme cripta y el Ministerio de la Gobernación los pidió por carta a ayuntamientos de toda España, rogando, además, que respondieran "con la mayor brevedad posible". Muchos municipios contestaron que no tenían muertos franquistas, pero sí "fosas del ejército rojo". Así fue como el dictador robó cadáveres para hacer apología de sí mismo.

Es el caso de ocho republicanos (siete hombres y una mujer) que fueron fusilados el 20 de agosto de 1936 por un grupo de falangistas, arrojados a un pozo en desuso en Aldeaseca, y desenterrados 23 años después por un grupo de hombres, que siguiendo órdenes de la misma autoridad que había determinado su muerte, los desenterró y los trasladó al Valle de los Caídos cuando faltaba un mes para inaugurar el monumento. También el de Jaume Colom, un soldado republicano que murió de tifus en Lleida tras caer preso. Su familia descubrió con espanto el año pasado gracias a la historiadora Queralt Solé que no estaba en el lugar al que solían llevarle flores sino enterrado junto al dictador.