El Gobierno encargó al CNI el pago del rescate del 'Playa de Bakio'

El Gobierno prestó apoyo logístico al armador del Playa de Bakio para que pudiera pagar el rescate exigido por los piratas somalíes que mantuvieron secuestrado al atunero vasco y a sus 26 tripulantes, 13 de ellos españoles, entre el 20 y el 26 de abril, según fuentes gubernamentales. El dinero (1,2 millones de dólares, 766.188 euros, según un responsable somalí) no salió de los fondos reservados, agregaron las mismas fuentes, sino que lo aportó la empresa propietaria del buque: Pevasa (Pesquería Vasco Montañesa, SA), con sede en Bermeo.

Sin embargo, el Gobierno encargó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se hiciera cargo de la entrega del rescate, después de que los secuestradores exigieran su pago en Somalia y ante la imposibilidad de que el armador pudiera efectuarlo por sus propios medios.

El miércoles 23 de abril, tres días después de la captura, voló desde Torrejón de Ardoz (Madrid) a la base francesa de Yibuti, al norte de Somalia, un Boeing-707 del Grupo 45. Aunque el avión tiene más de 100 asientos, llevaba sólo media docena de pasajeros: los miembros de un equipo del servicio secreto. El CNI reclamó un avión con la máxima urgencia y el Ejército del Aire no disponía de otro en aquel momento (un Falcon 900, más pequeño, se había enviado a Nairobi para llevar a Mogadiscio al embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto). En Yibuti, los agentes del CNI contactaron con sus homólogos franceses y, en especial, con miembros del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), quienes se encargaron de pagar el rescate de 1,3 millones de euros a los secuestradores del velero Ponant el pasado 11 de abril.

Tras la liberación del Playa de Bakio, los seis agentes del CNI dieron por concluido su trabajo y regresaron a España. "La investigación sigue abierta, tanto a nivel español como internacional, pero no tiene sentido mantener personal desplegado sobre el terreno en un lugar tan peligroso como Somalia", afirman las fuentes consultadas.

La diferencia con el caso del Ponant es que el Gobierno español, al contrario que el francés, descartó una operación militar para capturar a los secuestradores y recuperar el dinero una vez liberados los rehenes. Y lo hizo desde el primer momento.

La prueba es que, aunque el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Félix Sanz, se incorporó al gabinete de crisis dirigido por la vicepresidenta Fernández de la Vega en Moncloa e incluso montó en su cuartel general una célula de coordinación, nunca se involucró en la crisis al Mando de Operaciones, responsable de diseñar y dirigir cualquier acción de fuerza.

¿Por qué? "Primero, porque carecíamos de las capacidades necesarias en la zona", explican las fuentes consultadas. "Los franceses disponían de una base [Yibuti, con unos 3.000 soldados], muy cerca de lugar donde tuvo lugar el secuestro del Ponant, y contaban en la zona con un portahelicópteros, dos fragatas y un buque de aprovisionamiento. Nosotros sólo teníamos allí una fragata, además de un avión de patrulla marítima, y hubiéramos tardado más de diez días en tener otra".

"Segundo", agregan, "porque los franceses se aprovecharon del factor sorpresa, pero ahora los piratas estaban advertidos y tomaron medidas de precaución, lo que hacía que la operación fuera mucho más difícil".

La última razón son los 28 pesqueros españoles que faenan en el Índico y contra los cuales podrían tomar represalias los piratas. Para garantizar su seguridad, España confía en que den fruto las negociaciones que se desarrollan en Naciones Unidas.