El Gobierno estudia ceder competencias de Costas para limitar demoliciones

El Ministerio de Medio Ambiente estudia si cede competencias de litoral a las comunidades y así mitiga el reguero de protestas por la Ley de Costas, que se extienden desde el cabo de Creus hasta Lanzarote. Según fuentes próximas al departamento de Elena Espinosa, la fórmula podría ser la que ya ha puesto en marcha la Xunta de Galicia (liderada por los socialistas gallegos, el partido de la ministra Elena Espinosa y del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro), en la que el Gobierno autónomo se atribuye competencias para influir en los deslindes de Costas, el trámite que delimita la zona pública y la privada de litoral. El ministerio dice que sus servicios jurídicos analizan si la norma autonómica, publicada hace sólo una semana, invade competencias y que aún no tiene una decisión sobre si la recurrirá al Constitucional.

El Gobierno afirma que no planea reformar a fondo la Ley de Costas, de 1988, pero comunidades autónomas gobernadas por los socialistas han empezado a dar pasos en esa dirección. El Parlamento gallego aprobó el pasado noviembre una enmienda a la Ley de Vivienda autonómica para que la Ley de Costas respete los "núcleos rurales preexistentes".

La Ley de Costas fija para los "terrenos clasificados como suelo urbano" en 1988 que "la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros" y de 100 metros para los que no estaban declarados urbanos. Es decir, que después de la playa debe haber una franja en la que no se pueden levantar casas, salvo que a la entrada en vigor de la ley ya estuviera clasificada como urbanizable. El reglamento posterior y varias sentencias amplían la condición de urbano a terrenos que, de hecho, estuviesen construidos en 1988.

Galicia pretende que "los deslindes del dominio público marítimo terrestre" se ajusten a la "realidad urbanística preexistente reconocida expresamente por la Administración autonómica". Así, la Xunta influirá sobre si en el deslinde de Costas la servidumbre de protección se fija a 100 o a 20 metros y así podrá salvar cientos de viviendas, por ejemplo, en Marín (Pontevedra).

En este pueblo, unas 300 viviendas al borde del mar están amenazadas. Son en su mayoría casas de pescadores con más de cien años. Un informe jurídico del Consejo Económico y Social gallego tumbó la revisión urbanística que emprendió la Xunta en febrero de 2008 para legalizarlas. La de Marín es la más significativa de las protestas que genera en Galicia la ejecución de los deslindes, pero no la única. El ministerio ha conseguido aplicarlos en el 80% del litoral de forma silenciosa, pero el 20% restante que está en trámites se ha convertido en un problema político de primera envergadura para el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. El 83% del litoral español está ya deslindado.

Aunque oficialmente el ministerio aún está estudiando si recurre o no la ley gallega, fuentes próximas al Ejecutivo afirman que la reforma estaba negociada de antemano y que, salvo escándalo, el equipo de Espinosa acepta esa fórmula, que se podrá extender a otras autonomías.