El Gobierno evita comprometerse sobre la repatriación de los náufragos de Almería

La penúltima tragedia de la inmigración irregular -la muerte por hambre, sed y frío de 15 personas, nueve de ellas bebés, que viajaban en una patera, según relataron varios de los supervivientes- no modifica, en principio, la "norma general" de que los extranjeros que entran de forma ilegal en España sean devueltos a su país de origen en el momento que sea posible. El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, aseguró ayer que, de momento, la prioridad fundamental es "recuperar a los supervivientes física y psicológicamente". Después, se pasará a "estudiar" si entre los náufragos hay personas cuyas circunstancias aconsejen aplicar una "excepción" a la regla de la expulsión. Sin embargo, López Garzón evitó comprometerse de entrada a que los supervivientes de la patera de Almería obtengan la residencia legal en España por motivos humanitarios.

López Garzón aseguró que "la norma general es que el que llega ilegalmente a España sea devuelto a su país, cuando las condiciones así lo permitan, y cualquier excepción habrá que estudiarla".

El pasado miércoles, el Ministerio del Interior concedió la residencia a dos de los 23 supervivientes de la patera que volcó el lunes por la noche a 50 millas de Motril (Granada). Se trata de un hombre que perdió en el naufragio a su mujer, a su hija de dos años y a un hermano, y de una mujer en avanzado estado de gestación. El hombre fue trasladado a Granada y la mujer fue llevada a Córdoba, donde la Cruz Roja tratará de encontrarles un trabajo. Los otros 21 supervivientes de la patera de Motril, en la que fallecieron 14 personas, fueron ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz), desde donde serán repatriados.