El Gobierno indulta a un etarra insumiso y a tres guardias civiles condenados por torturas
Martínez de Osaba Arregi, de 27 años, fue detenido junto a otros cuatro presuntos miembros del comando Vizcaya en una operación realizada en Bilbao el pasado 10 de noviembre. Está procesado por ser el conductor de una de las dos furgonetas bomba cargadas con 1.700 kilos de explosivos, localizadas en la provincia de Zaragoza en diciembre de 1999 y con las que ETA pretendía atentar en Madrid. También está procesado por el asesinato del subteniente de la Guardia Civil jubilado Alfonso Parada, en Vitoria, en mayo de 1998.
Apenas seis meses antes de ese crimen, el 6 de noviembre de 1997, Martínez de Osaba fue condenado por delito de insumisión por el juzgado de lo penal número 2 de Vitoria a seis meses de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta. El indulto consiste en la conmutación de esa pena por la de cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público, en aplicación de la reducción de penas por delito de insumisión introducida en el Código Penal en 1998.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, este indulto no será ejecutado ya que la medida de gracia está condicionada a que no se vuelva a delinquir 'durante el tiempo normal de cumplimiento de la condena', requisito incumplido por el etarra. Justicia puntualizó que el indulto fue propuesto por el juzgado.
Tras la huida de Martínez de Osaba al ser interceptada la caravana de la muerte en 1999, la Guardia Civil encontró en su casa de la localidad de Ametzaga 25 kilos de la dinamita robada por ETA en Bretaña, así como varias armas ligeras, entre ellas una pistola utilizada para asesinar al subteniente Parada.
Martínez de Osaba militó en Jarrai y estuvo internado casi dos meses en la prisión alavesa de Nanclares de la Oca en 1997, por quebrantamiento de condena, tras haber sido multado con 150.000 pesetas por resistencia a la autoridad.
Con los 112 indultos publicados el 1 y 2 de enero, ascienden ya a 1.022 los publicados en el BOE de los 1.443 concedidos por el Gobierno. Entre los últimos figuran también los de los guardias civiles Isidro Martínez Villota, Emilio Mariño Martín y Carlos Prieto Bragado, condenados por torturar en 1982 a Juan Carlos Garmendia, a quien habían detenido por su presunta vinculación con ETA. El Tribunal Supremo confirmó en febrero de 1996 las condenas de dos meses de arresto y dos de suspensión de funciones a cada uno de ellos, además de la suspensión de todo cargo público. El indulto les exonera de la 'pena privativa de libertad y suspensión pendientes de cumplimiento'. Otro policía condenado por torturas realizadas en 1982, Abel Alberto Núñez Álvarez, recibe una medida de gracia similar, así como el ex jefe de la policía local de Salt (Girona) Juan Pedro Zapata, y el mosso d'esquadra Alberto Moya Salazar. Este último indulto rebaja a tres los seis años de cárcel a que fue condenado el policía catalán por homicidio frustrado de un hombre que había robado un vehículo en 1995 y al que disparó por la espalda.
También se indulta al inspector de policía Amador Miralpeix de la mitad de la condena de 4 años de prisión y dos años de suspensión por la detención ilegal y lesiones al también policía José Manuel Castán, quien falleció posteriormente, aunque no quedó acreditado que fuese debido a los malos tratos.
