"No sé de qué me está hablando", respondió José Blanco, ministro de Fomento y número dos del PSOE cuando fue preguntado ayer en el Congreso por los documentos secretos de Estados Unidos. Su frase refleja la intención del Gobierno de restar importancia a su contenido, de minimizar los efectos en las relaciones con Estados Unidos y en atribuirlos a opiniones subjetivas de funcionarios.

Así lo expresaron los ministros de Exteriores y de Justicia, Trinidad Jiménez y Francisco Caamaño, en la misma línea de otros Gobiernos afectados por la filtración de documentos secretos. Ambos, además, aseguraron que no hubo presiones de Estados Unidos para no seguir adelante con las investigaciones que le afectaban.

Caamaño y Jiménez negaron que mediara precio alguno en el acogimiento de presos de Guantánamo por parte de España. Pero de lo que había informado el martes este diario, y que recogen los cables filtrados, no era eso, sino que el Gobierno de EE UU ofreció al español 85.000 dólares por preso en una reunión "para sufragar los gastos". Los ministros negaron también que se hubiera producido dicha oferta.

Jiménez reveló que habló con el embajador de EE UU en España, Alan Solomont, este fin de semana, después de que el diplomático comunicara la semana pasada al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que Wikileaks iba a filtrar documentos de la diplomacia estadounidense que afectaban a su relación con España. "No debería darse a estas informaciones una credibilidad muy alta, puesto que son impresiones y valoraciones que proceden solo de una parte", añadió.

Siguiendo al pie de la letra el argumentario del Gobierno, Caamaño aseguró que "es una información de parte, basada en valoraciones subjetivas que se producen en un entorno discreto y que ahora se descontextualiza, lo que afecta a todas sus eventuales interpretaciones". Con esa expresión respondió Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE: "Es una información de parte".

El PP mantuvo ayer una poción muy similar a la del Gobierno, intentando evitar sacar cualquier conclusión política del contenido de los documentos. En esto, el principal partido de la oposición parece decidido a no buscar réditos políticos de la polémica.

Según la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría, la información "no ha sido confirmada" y, por tanto, no se pronunciará de momento, porque el PP es un "partido serio y responsable". "Me remito a las precisiones que pueda hacer el Gobierno", dijo, antes de pedir una "respuesta conjunta" de la comunidad internacional ante las filtraciones, ya que, a su juicio, "pueden afectar a aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales".

Por el contrario, para los partidos de la izquierda minoritaria del Congreso, el contenido desvelado ayer por EL PAÍS sobre presiones a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional supone un escándalo del que tendrán que dar cuentas el Gobierno y la Fiscalía.

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el BNG pidieron ayer la comparecencia en el Congreso del Ministro de Justicia y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Llamazares pidió la dimisión de Pumpido si no explica más y mejor lo que ha trascendido, que refleja, en su opinión, una "colaboración inaceptable con Estados Unidos" para "dificultar" procesos judiciales y "tapar" a responsables de "crímenes inaceptables".

Francisco Jorquera, el portavoz del BNG en la Cámara baja, aseguró que "la red de espionaje, las maniobras de embajadas norteamericanas en distintos países y sus métodos de política exterior" destapados por las filtraciones de Wikileaks "confirman que realidad y ficción se funden" y que las películas de Hollywood sobre espías "no son solo cine, ocurren también en la realidad".