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El Gobierno niega información sobre el coste del viaje a la cumbre de Washington

Pablo Ximénez de Sandoval

El viaje de la delegación española a la anterior cumbre del G-20 en Washington, el pasado noviembre, costó "lo habitual". Eso es todo lo que pueden saber las Cortes sobre el coste para el contribuyente de la participación española en aquella reunión, en la que el presidente español se hizo por fin una foto en la Casa Blanca con el ex presidente de EE UU George Bush. Por dos veces el Gobierno ha contestado con esa expresión, "lo habitual", a preguntas del PP en el Senado. El senador Agustín Almodóbar preguntó en diciembre "¿cuál ha sido el coste con cargo a las arcas del Estado de la participación de España en la cumbre de Washington y por cuántas personas estaba formada la delegación española?".

La respuesta del Gobierno, enviada al Senado el 8 de enero, empezaba diciendo que "España ha asumido un relevante papel en el tratamiento de la actual crisis financiera internacional", algo que Almodóbar no había puesto en duda. A continuación, decía que "la delegación española contó con los responsables de las áreas involucradas y con el apoyo de profesionales de distintas especialidades, como son las relaciones internacionales, las finanzas, la seguridad, la comunicación, etc.". Pero no decía quiénes ni cuántos. Por último, el Gobierno respondió que "la dotación económica es la habitual para este tipo de encuentros". La respuesta dejó atónito al senador, que el 10 de febrero repitió la pregunta, no sin retranca: "¿Cuál ha sido la cantidad exacta, en euros, moneda de curso legal utilizada en gran parte de la UE...?". Y "¿cuántas personas formaban parte de la delegación española, con indicación de nombre, cargo y representación?".

El 23 de febrero, el Gobierno elaboró una nueva respuesta. Gracias a ella se puede saber que "los altos cargos de la delegación española fueron el presidente, el vicepresidente, el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Economía, la secretaria de Estado de Comunicación y la directora general de Coordinación Informativa". Pero añade: "... así como el correspondiente personal de gabinete y apoyo". Es decir, esos no eran todos los que fueron. A los "profesionales de distintas especialidades" de la primera respuesta ya no los menciona.

En la segunda parte de la respuesta, el Gobierno se reafirma en sus anteriores palabras, y deja muy claro que no piensa contestar a la pregunta: "En cuanto a la aplicación económica (...) se señala la respuesta ya facilitada en la anterior ocasión y que fue la habitual de la Administración española para este tipo de encuentros".

No es la primera vez que se reciben contestaciones de este tipo en las Cortes. Cuando el PSOE preguntó cuánto había costado el viaje de Ana Botella a México en abril de 2000, el Gobierno apenas contestó que se le habían pagado las dietas. O cuando IU preguntó por los costes de la boda de la hija de Aznar. La respuesta es un clásico del Congreso: "No ha supuesto gasto alguno para el erario público ni esfuerzos adicionales en materia de seguridad que los derivados de la correcta y exigida protección de los asistentes al mismo".

Sin embargo, recientemente, la Generalitat catalana sí contestó con detalle a la petición de información del PP sobre el coste del viaje de Josep Lluís Carod a Nueva York para abrir una embajada catalana: 80.940,36 euros. Aunque no reveló cuánto cuesta alquilar el piso donde se ubica dicha embajada, en pleno Manhattan.

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Frente a todos ellos, el Gobierno vasco remitió una exhaustiva respuesta al PP cuando preguntó en la Cámara autonómica por el viaje del lehendakari a California en 2008. Incluía programa del viaje, nombres y cargos de los acompañantes, alojamiento (70.637,27 euros) y transporte (60.921,94 euros) y la partida a la que se cargó.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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