El Gobierno ofrecerá incentivos para repatriar a un millón de inmigrantes

Hace menos de un año, el Gobierno impulsaba la contratación de cientos de miles de trabajadores extranjeros en sus países de origen. Ahora construye un puente de plata para que los que están en España se marchen. La crisis económica es la causa de este cambio radical en la política del Ejecutivo de Zapatero.

A partir de julio, el Gobierno ofrecerá a los inmigrantes en situación regular que van cayendo en el paro una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus casas. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, calcula que ésta afectará a más de un millón de extranjeros. Es decir, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España.

La oferta del Gobierno es la siguiente. Los inmigrantes que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Está por decidir cuál de esos plazos les será entregado antes de que salgan de España y cuál cuando lleguen al país de origen. Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, como mínimo. A partir de ese plazo pueden solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el derecho a complacer o no su petición. En caso de que la solicitud sea presentada a partir de cinco años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan.

Si la invitación a los inmigrantes para que se marchen es una consecuencia del invierno económico cada vez más frío que padece España, los plazos de tres y cinco años para que puedan volver reflejan las expectativas del Gobierno de que, en tres años, la situación mejorará y "entrará en una fase expansiva y de creación de empleo", en palabras de Celestino Corbacho. Hasta entonces, el ministro de Trabajo e Inmigración calcula que los más de 165.000 parados extranjeros no comunitarios que había en España el pasado mes de abril seguirán aumentando.

Son precisamente el crecimiento del paro y la suposición de que quienes decidan acogerse a la oferta del Ejecutivo se llevarán consigo a sus familiares, que también gozan de permiso de residencia, los motivos combinados que llevan a Corbacho a calcular que su plan atañe a más de un millón de inmigrantes. Y si no afecta a más es sólo porque la oferta tiene una segunda parte que limita su alcance a los ciudadanos de los 19 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España, con el fin de que los retornados no pierdan sus derechos (sanitarios, de jubilación...) adquiridos durante su estancia en el país. Eso excluye, entre otros extranjeros, a los procedentes del África subsahariana.

Además, el ministro ha encargado a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que dirige Consuelo Rumí, que mantenga conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y con entidades financieras para que los repatriados sean "acompañados" en su establecimiento en sus países de origen. Es decir, que reciban asesoramiento y ayudas, en forma de microcréditos, para crear sus propios negocios.

Corbacho explica de esta manera las razones de ese "acompañamiento": "Tal vez 10.000 euros no sean en España suficiente dinero para montar una empresa, pero en países como Marruecos pueden dar mucho de sí. No tratamos de coger a una persona en paro y mandarla a su país sin más. Queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: la de establecerse en su tierra y la de volver a España en el futuro".

En esa dirección abunda otra de las medidas diseñadas por el ministro. Si, al cabo de tres o cinco años, el extranjero decide finalmente volver a España, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Por ejemplo, un inmigrante que tenga ahora la residencia permanente, se acoja al plan de retorno y vuelva dentro de cinco años no recibirá un permiso de estancia inicial, sino que recuperará su residencia permanente y las ventajas correspondientes al tiempo que estuvo afiliado a la Seguridad Social.

El ministro pretende aplicar su plan a partir de julio. Ya ha informado al presidente y a la vicepresidenta primera del Gobierno sobre sus propósitos, y presentará un informe ante el Consejo de Ministros del viernes próximo. Antes de que finalice julio, los grupos parlamentarios tendrán acceso al borrador del decreto de retorno, que constará, probablemente, de un artículo único y dos disposiciones adicionales. Seguidamente, el Gobierno aprobará la norma.

Corbacho está muy interesado en explicar sus medidas a los países de origen de los inmigrantes. "Se trata de que las vean como lo que son, una oportunidad de desarrollo y de generación de riqueza", dice. De momento, han sido recibidas con interés por el titular de Trabajo de Marruecos, país del que procede la mayor colonia de inmigrantes.