El Gobierno se prepara para retrasar la llegada del AVE a Barcelona

La obra pública emblemática del presente mandato, el AVE entre Madrid y Barcelona, se retrasa. El Gobierno, ante las múltiples dificultades aparecidas en el tramo de obra que ejecuta la constructora OHL, ha dejado de plantearse como "prioridad" la inauguración del AVE el próximo 21 de diciembre. Ahora, la prioridad es garantizar la seguridad de la nueva infraestructura y que su construcción no provoque más problemas al funcionamiento de Cercanías, lo que podría tener pésimas repercusiones electorales.

Por eso, todas las fuentes consultadas ayer por este periódico vaticinaban el aplazamiento de la inauguración aunque vinculaban esa decisión al último informe técnico sobre la situación. En esa tesitura, el Ministerio de Fomento ha puesto sobre el tapete el nombre de OHL como el supuesto culpable del más que probable retraso al enfatizar las numerosas incidencias, sobre todo socavones, ocurridas en el tramo del que la constructora es responsable.

Un miembro del Gobierno señaló ayer a este periódico que no pretenden que eso sirva de excusa o justificación para el retraso en la inauguración y recalcó que la única prioridad del Ejecutivo en estos momentos es la seguridad de la infraestructura pública. Si el plazo no puede cumplirse, "no pasa nada", dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. "A día de hoy no me pronuncio sobre el plazo de las obras, porque estoy esperando a que me lo digan los técnicos", remachó la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. La prioridad es la seguridad y evitar más problemas a los usuarios.

Sin venta de billetes

Si los problemas no se resuelven, el Gobierno tendrá ante sí la difícil papeleta de justificar que el AVE llegue a Málaga y a Valladolid antes que a Barcelona pese a que las obras de la línea de Cataluña llevan 14 años en ejecución. Inicialmente, Zapatero debía inaugurar el AVE de Barcelona el 21 de diciembre, el de Valladolid el 22; y el de Málaga al día siguiente. Al Gobierno también se le presenta un problema de comunicación. Si tiene que retrasar muchos días la llegada del AVE a Barcelona la Junta Electoral Central podría prohibir cualquier pomposidad en el acto inaugural por la cercanía de las elecciones.

El sistema de reservas de Renfe demuestra que no está garantizada la inauguración en la fecha prevista. Ayer era imposible reservar billetes del AVE en el tramo Barcelona-Madrid para el 21 de diciembre. Lo habitual, admiten fuentes de la empresa, es que las reservas puedan hacerse con al menos dos meses de antelación.

El presidente de Renfe, José Salgueiro, reconoció ayer no sólo que no se han puesto los billetes a la venta sino que ni siquiera hay fecha para hacerlo. "Se trata de un trayecto tan específico que podrían salir a la venta con menos tiempo", dijo. ¿Cuándo saldrán? "No hay fecha prevista", respondió, antes de rechazar que este hecho tenga nada que ver con un aplazamiento del viaje inaugural.

La prioridad es acabar con el viacrucis de los usuarios. Tres de las seis líneas de Cercanías de Barcelona permanecían ayer cortadas, como también una de Ferrocarriles de la Generalitat. "La situación es inexplicable e inaceptable", dijo ayer el consejero de Política Territorial catalán, el socialista Joaquim Nadal. "El servicio de Cercanías debe restablecerse en 12 días" dijo en nombre del Gobierno Catalán. Un portavoz de Fomento situó el plazo en "entre siete y 15 días". Inicialmente el plazo era de una semana. Otra línea, la de Ferrocarrils de la Generalitat, también perjudicada por los movimientos de tierra del AVE, no se restablecerá antes de dos meses.

La Generalitat se defiende como puede. No tiene competencias sobre Renfe ni sobre el servicio de Cercanías, pero no se puede permitir el desbarajuste de miles de ciudadanos haciendo cola cada mañana para coger los autocares que sustituyen el servicio de Cercanías.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, tendrá que responder hoy hasta cinco preguntas sobre esta crisis en el Parlamento catalán. Lo hará en una sesión de control ordinario al Ejecutivo a pesar de que la oposición le exigió ayer una comparecencia extraordinaria.