El Gobierno propondrá a PP y PNV un consenso en política antiterrorista

Dos semanas después del asesinato de Isaías Carrasco, ETA ha reaparecido con la explosión de un coche-bomba junto al cuartel de la Guardia Civil en Calahorra. Pese a la debilidad de ETA, estamos ante un ciclo largo de terrorismo, producto del desconcierto en que se encuentra la banda, opina el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Una vez que ETA rompió la tregua en junio, el Gobierno puso en tensión todos los resortes del Estado de derecho para combatirla. Y ha obtenido buenos resultados. Pero le falta una pieza, la unidad política, rota por las desavenencias del PP con el proceso de fin dialogado por el que apostó el Ejecutivo. Dinamitado el proceso, el Gobierno considera que no hay razones para que el PP se resista al acuerdo, pues el diálogo está descartado hasta que ETA no asuma su derrota.

Más que elaborar un nuevo Pacto Antiterrorista, el Gobierno quiere recomponer la unidad contra ETA sobre la práctica de los últimos meses. No se trata de suscribir un nuevo texto, como en el pasado, sino de poner de acuerdo a todos los partidos -sobre todo al primero de la oposición, el PP, y al que gobierna en Euskadi, el PNV- sobre algunos principios básicos. En concreto, la lucha policial, la judicial, la colaboración internacional, el aislamiento del entorno político de ETA y la renuncia a utilizar la política antiterrorista en el debate político.

Sobre la base de "un ciclo largo de violencia, con una ETA debilitada política y operativamente", Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba pergeñan su anunciado compromiso de recomponer el consenso antiterrorista. Quieren un pacto ajustado a la situación actual de ETA, que no es ni la del Pacto Antiterrorista de 2000, entre PSOE y PP, ni la de 1988 o 2006, en que se apostó por el diálogo con la banda previsto en el Pacto de Ajuria Enea.

- Lucha policial. El Gobierno cree que ETA ha salido de su última tregua con una capacidad operativa muy mermada, aunque pueda cometer atentados, como el asesinato de Isaías Carrasco o el coche-bomba de Calahorra. Las Fuerzas de Seguridad, con la ayuda de Francia, tienen un gran conocimiento de ETA, lo que explica sus éxitos. Los autores de los crímenes cometidos desde marzo de 2006 -el de la T-4 de Barajas, de diciembre de ese año, y el de diciembre de 2007, en Capbreton (Francia)- están encarcelados.

- Lucha judicial y aislamiento del entorno político. El entorno político de ETA está muy debilitado, con la dirección de Batasuna en prisión y las organizaciones abertzales que aún tienen representación municipal o parlamentaria, ANV y PCTV, en proceso de ilegalización.

Además, las elecciones del 9-M han demostrado, a juicio del Gobierno, la desafección creciente de su electorado. Batasuna apostó inicialmente por el voto nulo el 9-M, para poder contabilizar sus apoyos, pero ETA acabó imponiéndole la abstención. "Que ETA haya querido esconderse en la abstención, que tiene un componente técnico, es una prueba de su debilidad. Además, con la abstención trató de amedrentar a los votantes que iban a las urnas", señalan fuentes de Interior. "La operación le ha salido mal porque en Navarra ha desaparecido y en Euskadi ha sacado el peor resultado de su historia", añaden las mismas fuentes, que se remiten a un estudio del Ministerio.

Pese a estas discrepancias internas, no termina de aflorar al exterior una rebelión del entorno civil de ETA hacia la banda, con lo que el Gobierno seguirá presionando sobre él.

- Colaboración internacional. Los compromisos de España y Francia en la colaboración policial y judicial aumentan. El Gobierno está muy atento a la pérdida de los apoyos internacionales que quedaban a ETA: el nacionalismo irlandés; Suráfrica...

- Sacar la política antiterrorista del debate. El PP invoca el Pacto Antiterrorista y el PNV rechaza la ilegalización de ANV. El Gobierno dice que la situación actual es distinta de la de 2000, cuando PP y PSOE suscribieron su acuerdo bilateral como respuesta del Estado a una ETA que salió de la tregua de 1998 con fuerte capacidad operativa y mató a 46 personas entre 2000 y 2003. El prólogo de aquel pacto aislaba al PNV, asociado entonces con Batasuna en el pacto nacionalista, al comprometer al PSOE y PP a no pactar con él.

El Gobierno quiere que el PNV se incorpore ahora al consenso, pero para ello será necesario que abandone sus recelos hacia la Ley de Partidos. La ilegalización de los brazos políticos de la banda es, a juicio del Ejecutivo, uno de los instrumentos para lograr que ETA asuma finalmente su derrota.