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Ibarretxe defenderá con pasos "legales, sociales y políticos" su consulta

Una vez publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, la Abogacía del Estado ha solicitado la suspensión ante el alto tribunal.- El PP presenta su propio recurso

El Gobierno vasco pondrá en marcha todas las iniciativas "legales, sociales y políticas", si no se le permite celebrar la consulta, según ha manifestado este martes el lehendakari, Juan José Ibarretxe, tras el recurso que el Ejecutivo ha presentado ante el Constitucional contra la ley. "La suspensión constituye un ataque directo a nuestra autonomía y la suspensión de hecho de nuestro autogobierno", ha afirmado Ibarretxe, quien ha explicado que instará al tribunal a que decida antes del 15 de septiembre, fecha prevista para convocar la consulta soberanista, o levante la suspensión. De no decidir a tiempo se estaría ante "un fraude democrático inmenso", porque la consulta perdería su vigencia haciéndola imposible.

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Una vez que el Boletín Oficial del País Vasco ha publicado la ley, aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento vasco, la Abogacía del Estado ha presentado esta mañana el recurso ante el Constitucional. El interés del lehendakari en que el alto tribunal decida antes de esa fecha coincide con el de la Abogacía del Estado, aunque por motivos distintos.

Sin embargo, Ibarretxe no ha querido precisar que ocurrirá si el Constitucional dictamina su sentencia en fechas posteriores al 15 de septiembre o se posiciona en contra, en claro contraste con el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, que ha manifestado que en cualquier caso respetará la legalidad. La respuesta, según Ibarretxe, será "adecuada, serena y firme ante un despropósito democrático", pero no ha concretado en qué se va a traducir esa contestación.

La "amenaza" de Zapatero

El tono de la comparecencia del lehendakari ha sido muy duro con el Gobierno. "Zapatero ha cumplido su amenaza", ha afirmado Ibarretxe, para quien no se trata de la primera vez que el presidente del Gobierno actúa de forma "despectiva" con el pueblo vasco. "No se ha transferido ninguna competencia, el desprecio al autogobierno ha sido patente", ha añadido.

Ibarretxe ha indicado que si el Gobierno español mantiene que los vascos "no pueden decidir por todos los españoles", con la misma firmeza y contundencia democrática, el Gobierno vasco manifiesta que los españoles "no pueden decidir por los vascos".

Suspensión inmediata

Antes de que Ibarretxe compareciera, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo "ha cumplido su compromiso" y ha garantizado que los ciudadanos "pueden estar tranquilos" porque se va a evitar que se produzca un "referéndum ilegal" en el País Vasco. El Ejecutivo tenía ya redactado el documento presentado en el Constitucional, que ha ido acompañado de una "expresa invocación" al artículo 161 de la Constitución, lo que implica la suspensión inmediata de la ley recurrida y todos sus efectos jurídicos durante cinco meses.

Además de la acción del Gobierno, el PP ha presentado ante el Constitucional su propio recurso contra la consulta.

Apoyo del PCTV

Ibarretxe pretende con sus siguientes movimientos reflejar la "baja calidad" de la democracia española e intentará que el Parlamento vasco rechace el recurso de la consulta, para lo que necesitará una vez más el apoyo del PCTV. El tripartito estudia también la posibilidad de moverse en esferas internacionales para reforzar su posición frente a la negativa del Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró el martes por la mañana que el Gobierno seguirá "muy de cerca" los próximos pasos de Ibarretxe. "Si hubiera otra reacción por vías legales, el Ejecutivo reaccionará también por vías legales", ha afirmado Bermejo, quien ha expresado su confianza en que el lehendakari no siga adelante con "este disparate" una vez que decida el Constitucional.

El PP cree que la pregunta de la consulta pone a ETA como interlocutor político

El PP cree que la pregunta que plantea la consulta popular en el País Vasco relativa al "proceso de final dialogado de la violencia con ETA" elude la voluntad del pueblo español en su conjunto y concede a la organización terrorista el carácter de sujeto válido de interlocución política. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el coordinador de Justicia, Federico Trillo, han presentado este mediodía en el registro del Tribunal Constitucional el recurso contra la ley del Parlamento Vasco que convoca una consulta popular sobre el diálogo y la normalización política para el 25 de octubre.

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