El Gobierno refuta la sentencia del 'Alakrana', que asegura que pagó por el rescate
El PP dice que la decisión judicial supone un "varapalo" al Ejecutivo
Las ministras de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y Defensa, Carme Chacón, han asegurado este martes que el Gobierno "no pagó el rescate" para que los piratas liberaran a la tripulación del pesquero "Alakrana", en contra de lo que ha sentenciado la Audiencia Nacional de que el Ejecutivo sí dio el dinero a los secuestradores "sin duda alguna". La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, ha afirmado que la resolución supone un "varapalo" a la credibilidad del Ejecutivo. "Su palabra ha quedado en entredicho", ha enfatizado.
Jiménez ha expresado la postura del Ejecutivo en relación con este asunto en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado después de intervenir en la sesión de control. "El Gobierno español, en todo momento, defendió que no hubo pago de rescate por parte del Gobierno. Por tanto, sigo manteniendo lo que en su momento dijeron el presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) y la ministra de Defensa (Carme Chacón)", ha sostenido Jiménez. La titular de Exteriores ha afirmado que "lo único que le importaba" al Ejecutivo es que los marineros del "Alakrana" volvieran "sanos y salvos".
Por su parte, Chacón ha indicado: "Lo dijimos una y muchísimas veces. El Gobierno no paga rescates. Lo hace todo dentro de la legalidad".
Sáenz de Santamaría ha hecho una primera valoración del fallo dictado por la Audiencia Nacional, que ha condenado a 439 años de prisión a los dos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Aji.
La dirigente 'popular' ha querido agradecer una sentencia que permite enviar un mensaje a nivel internacional de que la piratería es un delito "muy grave" que, "desde luego", no queda impune por parte de las autoridades españolas.
Pero, además, la responsable del primer partido de la oposición en la Cámara Baja ha subrayado que posiblemente en los hechos probados de la sentencia se demuestre que hubo un pago del rescate por parte de organismos públicos vinculados con el Gobierno.
