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Las consecuencias del pacto social

Gobierno, sindicatos y patronal cierran el gran acuerdo social contra la crisis

Un plan contra el paro juvenil y un foro de política energética permiten el pacto

Manuel V. Gómez

El pacto social ya es una realidad. Al filo de la medianoche, el Gobierno, los sindicatos y los empresarios cerraron ayer definitivamente el acuerdo que todos tocaban con los dedos desde que la semana pasada hubo fumata blanca sobre la reforma de pensiones y la negociación colectiva. Cerraban así en una reunión de seis horas un mes de reuniones maratonianas. Anoche se aunaron posturas en políticas activas de empleo y se afinaron las declaraciones que aspiran a marcar el diseño futuro de la política industrial y la energética. Tomaba cuerpo así un pacto entre Gobierno y agentes sociales que aspira ahora a contar con el respaldo de todo el arco parlamentario.

Con este acuerdo, anunciado por el Ministerio de Trabajo en un comunicado de cinco líneas, los protagonistas de esta entente quieren lanzar un mensaje de unión contra la crisis a los mercados y al exterior. No ha faltado ya quien lo ha comparado con los Pactos de La Moncloa de 1977 para combatir otra dura crisis económica en plena Transición. Lo hizo ayer el responsable de Trabajo, Valeriano Gómez, antes incluso de cerrar el pacto.

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El parto definitivo del texto se hizo de rogar. El desacuerdo entre Gobierno y sindicatos por el plan de choque contra el paro juvenil y de larga duración lo retrasó. El Ministerio de Trabajo quería bonificar los contratos a tiempo parcial fijos y temporales; los sindicatos se negaban en principio a subvencionar estos últimos. Al final se limaron las diferencias y se logró el acuerdo definitivo que vuelve a dar sentido al diálogo social, estéril hasta ahora en esta legislatura.

Para ello fue necesaria la presencia en la cita de ayer en el Ministerio de Trabajo del responsable del departamento, Valeriano Gómez; de los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y del presidente de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Jesús Terciado. También estuvo presente en algún momento el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Ayer se cerraron los aspectos que atañen a su cartera.

Entre todos cerraron un pacto que hoy sindicatos y patronal deben ratificar. Para ello tienen convocados a sus máximos órganos de dirección y lógicamente necesitaban el texto definitivo. Será el penúltimo acto, el paso necesario y previo a la puesta en escena que le espera al pacto social mañana en La Moncloa, cuando las tres partes estamparán su firma en el documento. El texto consta de casi 40 páginas, apuntaba anoche uno de los negociadores. Se divide en cuatro partes. En la primera hay una declaración de principios. Esta da paso a otra en la que se desarrollan los puntos más concretos del acuerdo y los que han estado a punto de dar al traste con las conversaciones en más de una ocasión: pensiones, negociación colectiva y políticas activas de empleo.

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El tercer punto del texto supone un guiño a los funcionarios, que sufrieron en mayo un recorte medio de los salarios del 5%. En él se recoge el compromiso del Gobierno de recuperar la mesa de la función pública (el órgano de diálogo entre Ejecutivo y empleados de la Administración) y desarrollar el Estatuto de la Función Pública.

La última parte del documento es la que contiene las declaraciones sobre política industrial y energética. En ellas se señalan las directrices pendientes de desarrollar en los próximos meses. Por lo que respecta a la política energética, lo más concreto sería la creación de un foro de trabajo en el que se tratarían aspectos como el mix energético (las fuentes energéticas a utilizar) o los precios.

Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT).
Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT).ÁLVARO GARCÍA

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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