El Gobierno vasco critica el fallo del 'caso Ekin' porque "encarcela ideas"

El Gobierno tripartito vasco (PNV, EA, Ezker Batua) ha mantenido siempre una postura contraria al proceso contra el entorno de ETA, el llamado caso Ekin, pero ayer elevó al máximo su crítica. No le sirvió, sin embargo, para evitar las acusaciones de los radicales, aunque dirigidas no al Ejecutivo sino al PNV.

En una declaración oficial, cuya lectura se dejó en manos del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), quien sustituyó a la portavoz oficial, el Gobierno autonómico afirmó que el fallo instaura "el delito de opinión", "encarcela ideas" y "hiere a la democracia". El Ejecutivo vasco espera que el Tribunal Supremo actúe con "profesionalidad e imparcialidad" y revoque el fallo.

Con su pronunciamiento, el tripartito brinda un valioso respaldo a los condenados, con cuyas plataformas de apoyo ha mantenido una buena sintonía durante la instrucción del proceso y a lo largo del juicio.

En la misma línea de la declaración oficial, el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, señaló que el sumario no ha tenido "base jurídica" y se quejó de los "insultos" que, pese a la postura contraria al proceso judicial que ha mantenido desde el principio su Gobierno, le propina el mundo radical. Ello hará imposible, advirtió, la celebración de una protesta unitaria "en la calle".

La declaración atribuye a la sentencia un carácter político y una "clamorosa falta de rigor jurídico", a través de la cual el tribunal habría "retorcido" la interpretación de la ley con el fin de poder encarcelar a los encausados. Para el Gobierno vasco, no ha habido suficientes elementos de prueba como para destruir la presunción de inocencia y sí una "lectura política" al afirmar "que todo es ETA".

La "organización que usa las armas" no ha podido "colonizar" a organismos "ajenos" que, según leyó Azkarraga, "no sabían que eran ETA hasta que han sido detenidos y condenados". "Todos hemos sido testigos de las irregularidades" que la sociedad vasca, añadió, habría percibido como "notables y manifiestas".

El Ejecutivo autonómico expresó su inquietud ante la eventualidad de que la Justicia se convierta "en una herramienta de persecución contra ciudadanos incómodos o disidentes".

Pese a la dureza de la crítica a la actuación de la Audiencia Nacional por parte del Gobierno vasco, Batasuna no se privó de acusar al PNV de tratar de lavarse la cara tras haber prestado una "inestimable colaboración" al Gobierno central.

Dos portavoces de la formación ilegalizada, Karmelo Landa y Mikel Etxaburu, señalaron que en España "no hay justicia, ni libertad, ni opciones políticas libres para los vascos" y sí una "represión pura y dura", preparada, dijeron "en las esquinas más oscuras del Gobierno".

"Estamos en auténtico Estado de excepción, que sería impracticable si el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba no contara con la valiosísima colaboración de Balza o de Urkullu", dijeron.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, mostró el "respeto absoluto" y el "apoyo" de su partido a la decisión judicial. Pese a la agresividad hacia el partido mayoritario en el Gobierno vasco mostrada por los radicales, José Antonio Pastor apuntó su sospecha de que la sentencia y la coincidencia en el análisis sobre ella sirvan de base y de "argumento victimista" a la preparación de una gran coalición nacionalista.