El Gobierno vasco exige a Batasuna una declaración "clara y expresa" frente a ETA

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, indicó ayer a los miembros de la izquierda abertzale ilegalizada que si realizan "una declaración clara y expresa" de desmarque de ETA "podrán hacer política, con los mismos instrumentos que los demás: la palabra y el voto de los ciudadanos. (...) No hay nada que se lo impida. Otros lo han hecho antes y están haciendo política con un programa independentista y de izquierdas muy parecido al suyo", añadió en referencia a Aralar. Mendia añadió que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la Ley de Partidos es "un punto de inflexión para todos". La portavoz del Ejecutivo autonómico desautorizó así implícitamente la validez de un documento dado a conocer ayer a través del diario Gara, redactado supuestamente por la nueva dirección de la ilegalizada Batasuna. En él se propone iniciar "un proceso democrático" sobre la base de "la palabra y la decisión de la ciudadanía vasca" y "sin ninguna violencia ni injerencia externa", en el habitual lenguaje ambiguo de los radicales, que pretenden arroparse en una nueva acumulación de fuerzas soberanistas.

Por otra parte, fuentes de la lucha antiterrorista creen que Aitor Elizaran, detenido en Francia el lunes, era, además del jefe del aparato político e interlocutor de los dirigentes de Batasuna, el portavoz de la banda terrorista en las comunicaciones que realiza a través de vídeos o entrevistas. En el coche robado en el que viajaba, la policía encontró el atuendo negro que suelen usar los terroristas en esas apariciones. También un arma corta y un revólver, un ordenador, documentaciones falsas, material de camping, 1.500 euros y placas de matrículas. Elizaran y Oihana San Vicente, detenida junto a él, asistían aún a las nueve de la noche al registro del apartamento de Carnac donde se alojaban. A su término iban a ser conducidos a dependencias policiales en Rennes y de allí a París. En San Sebastián y Salvatierra (Álava) la Guardia Civil registró los domicilios familiares de ambos, donde se incautó de un ordenador y documentación.