Los Gobiernos autónomos suprimen 50 consejerías y más de 200 altos cargos
Las previsiones de reducción del gasto están a menudo por debajo del 1%
Lo prometieron todos los candidatos durante la campaña electoral del 22-M. Para estrenar la legislatura con buen pie había que dar el ejemplo: reducir el gasto empezando por adelgazar la Administración y los organismos públicos. Esto es, recortar el número de consejeros, eliminar altos cargos y personal de confianza.
Configurado el Gobierno del Principado de Asturias de Francisco Álvarez-Cascos, el nuevo mapa autonómico, con claro predominio del Partido Popular, se estrena ahora con unas 50 consejerías menos que a principios de la anterior legislatura. Además, pese a la indefinición de la expresión "alto cargo", es posible calcular la supresión de más de 200 puestos directivos y cientos de libre designación (alrededor del 30% del total).
Austeridad y control del déficit han sido los ejes de los debates de investidura
Cospedal se estrenó con la eliminación de altos cargos y el Defensor del Pueblo
Las estimaciones de reducción de gasto, sin embargo, demuestran, cuando los nuevos Gobiernos las han ofrecido, que el ahorro no pasa de ser una cifra simbólica en relación con los presupuestos globales que manejan las comunidades.
En las islas Baleares, por ejemplo, el popular José Ramón Bauzá ha calculado que la reducción a la mitad (de 13 a 6) de las consejerías y de más del 50% de los altos cargos supondrá un ahorro en cuatro años de 26 millones de euros en sueldos y estructura administrativa. Es decir, menos del 1% de los presupuestos (3.200 millones) presentados por el anterior Ejecutivo para 2011.
Algo parecido pasa en Castilla y León, donde la Administración de Juan Vicente Herrera quedará reducida a nueve consejerías, en Cantabria o en La Rioja. Las previsiones de reducción del gasto público en estas comunidades van de los 4,2 milones al año de la Junta castellano-leonesa a los 14 millones en "costes directos" del nuevo Gobierno cántabro de Ignacio Diego (PP). En cualquier caso, representan un porcentaje nimio de los caudales autonómicos.
Uno de los capítulos más sonados en esta carrera por la austeridad y control del déficit, dos de los ejes de todos los discursos de investidura, ha sido el protagonizado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y su equipo de Gobierno.
Su estreno al frente de la Junta de Comunidades ha sido marcado por las acusaciones a la gestión económica de su antecesor en el cargo, José María Barreda, y ha ido acompañado de cierta alarma social en relación con el estado de las cuentas públicas y la solvencia de la región. La también secretaria general del PP defendió recetas anticrisis como la privatización de la radiotelevisión de Castilla-La Mancha y un tijeretazo en la Administración de cerca del 60% de altos cargos, con la supresión de direcciones, la mitad de los puestos de libre designación y de cargos como el Defensor del Pueblo, el organismo regulador de la competencia o el consejo económico y social.
El PP no ha ofrecido en esta ocasión estimaciones de ahorro, aunque cálculos del PSOE apuntan a una reducción de costes que rondaría el 0,1% del presupuesto regional. En cualquier caso, el número de miembros del Gabinete de Cospedal será el mismo que el de la última etapa del socialista Barreda, que ya redujo las consejerías de 15 a 7. En la línea de Cospedal, el popular José Antonio Monago ha inaugurado su Gobierno en Extremadura prometiendo una reducción del 50% en altos cargos sin, por otro lado, cuantificar su estimación de ahorro.
El que, en cambio, menos se cortó a la hora de predecir y detallar los objetivos de reducción de costes de su Gobierno fue el presidente de la Generalitat valenciana. Francisco Camps anunció en el debate de investidura que sus primeras medidas irán encaminadas a recortar 1.150 millones. Camps, que será procesado por el caso de los trajes, pretende adelgazar la Administración valenciana con menos consejerías y asesores, control del gasto, reestructuración de las empresas públicas y recurriendo a la privatización de servicios.
La austeridad y el control del gasto serán también, según ha anunciado Esperanza Aguirre, las "líneas maestras" de su Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que en los últimos tres años ha pasado de 15 a 8 consejerías, sigue con su objetivo de adelgazar la Administración regional. En su nuevo Ejecutivo ha desaparecido, por ejemplo, la cartera de Empleo y Mujer. "En total, y con nuestras medidas de austeridad", afirmó Aguirre en su discurso de investidura, "podemos asegurar que hemos ahorrado 1.730 millones de euros desde 2008". No quiso detallar, sin embargo, a cuáles medidas se refería ni la meta de ahorro de la actual legislatura.
