Griñán rechaza enviar a la juez las actas de la Junta por ser reservadas

El Gobierno autónomo no quiere un Wikileaks andaluz y se plantó ayer ante la juez que investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. En un auto firmado el pasado 21 de marzo, la titular del juzgado número de 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, pidió a la Junta de Andalucía las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, unas 480, sin concretar qué acuerdos o informes quiere investigar, si tratan sobre los ERE fraudulentos o de cualquier otro asunto. La investigación interna de la Consejería de Empleo ha establecido 183 irregularidades en el caso de los ERE, de los que 72 son polizones -personas que nunca han trabajado en las empresas- que habrían recibido de manera indebida unos nueve millones de euros, y 111 "discordancias administrativas".

La juez reclama el contenido de los Consejos de Gobierno desde 2001

El Ejecutivo considera "inédita y falta de motivación" esa petición

Para algunos juristas, la decisión de la magistrada de pedir todas las actas del Consejo de Gobierno, cuyas deliberaciones son secretas, es muy discutible porque parece abrir una causa general contra todos los actos de la última década del Gobierno andaluz, presidido por el socialista Manuel Chaves hasta marzo de 2009, cuando le sustituyó José Antonio Griñán.

El Ejecutivo andaluz considera que la petición de Alaya es "indiscriminada", está formulada "sin motivación alguna" y es "inédita" en el orden constitucional, que establece la separación de poderes, ya que solo el Consejo de Gobierno tiene la facultad para hacer públicos los documentos. Revelarlos, mantuvo ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, vulneraría la ley de Gobierno de la comunidad, que establece lo siguiente: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrá carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

En opinión de Mar Moreno, que citó un informe de los servicios jurídicos de la Junta, la petición "indiscriminada, obligaría al Consejo de Gobierno a incumplir la ley, a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias". El Gobierno autónomo acordó ayer "ante la imposibilidad legal y material de levantar el carácter reservado de los documentos incorporados a las actas", ofrecer a la juez vías alternativas para obtener la misma información.

La Junta le pide a la juez Alaya que precise su petición y requiera al Consejo de Gobierno la certificación de los acuerdos o informes concretos que el juzgado considere relevantes para la investigación del caso. En lo que parece estar más interesada Alaya, que ha reclamado a la Junta 57 informes, memorias, actas de distintos centros directivos y contabilidad de las empresas públicas y consejerías afectadas, es en los informes de la Intervención General en los que se advirtió contra el procedimiento administrativo para tramitar los ERE. El Gobierno andaluz mantiene que la Intervención no elevó ningún informe de actuación o alerta roja advirtiendo del menoscabo de fondos públicos.

Según la también portavoz del Ejecutivo, si la juez motiva su petición, el Gobierno levantará la reserva sobre esos documentos. En el caso "improbable", afirmó, de que Alaya no acepte esta salida, será el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que depende del Tribunal Supremo, el que se pronuncie si procede o no la petición de la instructora del caso. Según la Junta, no existe ningún antecedente de este tipo y lo que dictamine el citado tribunal marcará un precedente para todas las comunidades autónomas y para el Consejo de Ministros.

Con esta decisión de parar los pies a la juez Alaya, la Junta, que está personada en el caso como acusación particular, corre el riesgo de que su estrategia de transparencia y colaboración con la juez de la que hace gala sea utilizada por la oposición para acusarle de ocultar información.