La Guardia Civil expedienta a otros 16 agentes por la manifestación de Madrid

La Dirección General de la Guardia Civil ha expedientado a otros 16 agentes de la benemérita de los que se encontraban en el estrado el día de la manifestación en Madrid de la AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil) el pasado 20 de enero. El expediente es por falta muy grave, lo que podría acarrearles la pérdida de puestos en el escalafón, la suspensión de empleo o la separación del servicio.

En total, son ya 18 los expedientes abiertos contra miembros de la Junta Directiva Nacional de AUGC y delegados provinciales por falta muy grave. Los de hoy se añaden a los comunicados la pasada semana al secretario general de AUGC, Joan Miquel Perpinya, y al secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado. Se les aplica el artículo 9.9 del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que observa una conducta grave contra la disciplina, el servicio, y la dignidad, no constitutiva de delito.

En el caso de que los expedientes abiertos deriven en sanción muy grave los guardias pueden ser castigados con pérdida de puestos en el escalafón, suspensión de empleo o separación del servicio. Además, a los 18 se les "suspende en funciones" cautelarmente durante 90 días.

La Dirección de la Guardia Civil ha expedientado a la mayoría de los agentes que estaban en la tarima el día de la manifestación, exceptuando a ocho agentes que están ya retirados y uno que ya había sido expulsado del cuerpo. Las notificaciones, que se dan en mano, no han llegado todavía a todos los agentes.

Persecución de la organización

Joan Miguel Perpinyá, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha querido llamar la atención al Gobierno por la "gravísima situación" que se ha creado. "Es una persecución contra la organización. Si esto sigue así, el Gobierno se puede quedar sin interlocutores", ha asegurado Perpinyá esta mañana en una entrevista en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER. "El Gobierno sólo ha tomado medidas represivas. No ha planteado ninguna solución dialogada".

Perpinyá reclama al Gobierno socialista que cumpla su programa electoral y cambie el régimen disciplinario, aunque se muestra pesimista. "En diez meses que quedan de legislatura, poco podrán hacer", ha dicho.