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La Guardia Civil intervino informes privados sobre la juez Teresa Palacios y Pilar Giménez-Reyna

F. M. - Madrid - 09/11/2005

 
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José Antonio E., el vigilante que escoltó a los ex diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante la fuga que brindaría al PP el Gobierno de la Comunidad, formaba parte de una amplia red dedicada al espionaje que contaba con apoyos y complicidades en la Universidad Complutense y entre las Fuerzas de Seguridad, según fuentes de la investigación. Esta red poseía "informes sobre particulares con base en información libre (Internet) y confidencial (fotos, antecedentes, filiaciones, etcétera) facilitada por los distintos colaboradores policiales". Entre los personajes investigados por esta red "figuran la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios y Pilar Giménez-Reyna", hermana del ex secretario de Hacienda y ex presidenta de Gescartera -estafa por la que está imputada-, y al actual equipo de rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, según informes de la Guardia Civil.

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Uno de los personajes clave de dicha supuesta trama es un mando de la seguridad en la Universidad Complutense, F. G. M. Uno de los investigados en esta red, D. V. C., ha declarado que el 3 de marzo de 2004 mantuvo una entrevista con él y otro alto cargo de la Complutense que no identifica. En la cita, el alto cargo de la Complutense le ofrece "numerosos datos" relativos al "mal gobierno que están haciendo los seguidores de Berzosa" [Carlos Berzosa es rector de la Complutense desde mayo de 2003]. F. G. R. le entrega un papel con las filiaciones de I. L. C. y R. O. G., directivos de la Universidad Complutense de Madrid. El 5 de abril, D. V. C. mantiene una nueva cita con F. G. M. Hablan de la Complutense.

A D. V. C. se le intervendrían libros de contabilidad de dos colegios mayores. La Guardia Civil sospecha que F. G. M. sería el autor de una publicación crítica con el actual rector de la Complutense denominada La Lupa. Su número cuatro es un calco del informe que se intervino a esta red. La hipótesis de la Guardia Civil es que La Lupa se serviría de "información confidencial" facilitada por José Antonio E. y otros colaboradores y que, a cambio, recibiría como contraprestación "el cobro a la Universidad por labores de seguridad y barridos por indicación del equipo de seguridad de la Universidad".


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