La Guardia Civil vincula a más cargos públicos en el 'caso Pretoria'
La Guardia Civil ha concluido el grueso de las investigaciones del caso Pretoria -la trama de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona- y ha entregado un detallado informe de 319 páginas a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que vincula a nuevos cargos públicos, funcionarios y empresarios. La investigación abre la puerta a nuevas imputaciones al definir con detalle los supuestos delitos cometidos en varias operaciones urbanísticas y se inclina por descartar la existencia de irregularidades en L'Hospitalet por la compraventa de dos edificios.
El informe señala que el secretario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Javier Ezquiaga dio cobertura a todos los trámites de la Operación Pallaresa, el primer pelotazo de la trama que generó un beneficio de 12,9 millones, a sabiendas de que beneficiaría a unos particulares.
El informe también señala a Imanol Pujana, actual gerente del Consejo Comarcal del Barcelonés y entonces director de Proyectos de la alcaldía de Santa Coloma. "Informó favorablemente de las plusvalías" pese a que estas "suponían un beneficio directo para la empresa promotora", afirma el informe, en el que también se recuerda que Pujana se reunió en 2009 con el cerebro de la trama, Luis Andrés García, Luigi, para amañar supuestamente el concurso de un tanatorio en Sant Adrià de Besòs.
Intereses coincidentes
Otro cargo al que la Guardia Civil relaciona con el caso es Enric Camps, "economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal durante la modificación" para el pelotazo de la Operación Pallaresa. Cuando declararon como testigos, Camps y Ezquiaga explicaron que la modificación adoptada en el pleno "fue la menos gravosa para la continuación del proyecto". Los investigadores, sin embargo, destacan que "la verdadera realidad" es que "esta posición coincide plenamente con los mejores intereses de Luigi.
Las operaciones supuestamente delictivas se tramaron en torno a la empresa municipal Gramepark de Santa Coloma de Gramenet. Manuel Sierra, su gerente, fue destituido hace unos meses por la Oficina Antrifraude de Cataluña. La Guardia Civil también ha puesto el foco sobre él, así como sobre el director financiero, Pere Massenet.
