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ENTREVISTA: 30º aniversario de la Constitución GASPAR LLAMAZARES (IU) Y JOAN HERRERA (ICV)

"Hay que eliminar todas las imposiciones de poderes fácticos"

A. D. / F. G. - Madrid - 06/12/2008

 
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Gaspar Llamazares (IU) se teme que PSOE y PP "cocinen una reforma pacata, interesada y calculada" y Joan Herrera (ICV) cree que finalmente será "limitada y recentralizadora".

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Llamazares desearía que la reforma afectara a lo que denomina "imposición de los poderes fácticos y adherencias postfranquistas" y cita expresamente el papel de la Iglesia católica, los referidos a los derechos fundamentales, al sistema electoral y "anacronismos" como la declaración de guerra.

Para Joan Herrera habría, además, que "modernizar la organización territorial del Estado y adaptarla a la pluralidad nacional, lingüística y cultural, para configurar un Estado federal plurinacional". Herrera pide incluir también los nuevos derechos de ciudadanía y principios medioambientales y de igualdad de género, laicidad, memoria histórica y cultura de paz, entre otras reformas.

"Los estatutos, y muy especialmente el catalán, que fue pionero en la reforma, no suponen una reforma de la Constitución, sino una lectura de ésta en un sentido federal. A la propuesta catalana se han ido sumando el resto de comunidades, lo que demuestra una voluntad coincidente y creciente de configurar el Estado en un sentido federal", asegura Herrera.

Ni Llamazares ni Herrera consideran necesario blindar las competencias del Estado. El primero asegura que "en IU nos preocupa más que haya derechos importantes, como los derechos sociales o aquellos que denominamos de tercera generación -el acceso a una vivienda digna, la sanidad pública efectiva y bien dotada, o mejores prestaciones para las personas dependientes-, que siguen siendo más una enumeración de principios, que derechos efectivamente reclamables".

Herrera entiende que el capítulo de las competencias debe ser reformado, "pero para garantizar el ejercicio exclusivo y excluyente de las competencias que corresponden a las naciones o comunidades miembros de la Federación, reguladas en sus propias constituciones o estatutos".

Ambos creen que si el Tribunal Constitucional anulase la ley de matrimonios homosexuales debe reformarse la Constitución para encajar esta norma.


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