"Haz un documento para que las comisiones lleguen a todos"

La apertura del secreto de sumario en la Operación Tótem, que destapó una trama de corrupción en la que han sido detenidas en Murcia, Galicia y Madrid 14 personas, está subiendo los colores a todo el Ayuntamiento de Totana (Murcia). Apenas un mes después de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, con la oposición del PSOE e IU, el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone de manifiesto la presunta existencia de una lucha entre el ex alcalde y diputado murciano Juan Morales y el actual primer edil, José Martínez Andreo, para obtener tres millones de euros en comisiones.

Según la juez que instruye el caso, Morales pudo haber recibido 12 millones de euros en comisiones en los diferentes pelotazos del municipio, en el que se aprobaron 60 convenios urbanísticos.

"Yo no puedo firmar nada, pero hay que hacer algún documento donde las comisiones lleguen para todos, y luego cada uno recoja su parte". Así se expresaba el diputado del PP en el Parlamento murciano (ahora está en el Grupo Mixto), Juan Morales, quien pagó 200.000 euros para eludir la prisión, tal y como decretó la Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia de Murcia.

La frase procede de una conversación grabada por la Guardia Civil en la sala Vip del aeropuerto de Barajas. En ella participaron, además de Morales, los intermediarios Gabriel Martínez y José Antonio Alcántara. Iban de camino a Galicia a cobrar presuntamente una comisión de tres millones de euros al empresario gallego Manuel Núñez, para recalificar varios millones de metros cuadrados para que la firma Nuaria construyera 5.000 viviendas en Totana (20.000 habitantes).

En la misma sala de Barajas, uno de los intermediarios, concretamente Alcántara, dijo: "Lo que le vamos a proponer es que en vez de los seiscientos millones, nos dé los cuatrocientos en billetes y nos bajamos el viernes con ellos en una bolsa para Murcia".

Estos tejemanejes estaban reflejados, según la investigación realizada por la juez de Totana María Asunción Navarro, en un documento que el propio diputado Juan Morales destruyó al tener conocimiento de las detenciones de los empresarios gallegos. Este documento, "troceado y recompuesto, es un reconocimiento de deuda de tres millones de euros por parte de una de las firmas del empresario que quería construir en Totana en favor de una empresa cuyo titular es Joaquín Carmona". Los tres millones de euros se habían repartido en tres partes: una para Morales, otra para el empresario Gabriel Martínez, y una tercera para los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, según la investigación de la Guardia Civil.