Human Rights Watch critica la Ley española de Amnistía

Si desde España asociaciones de jueces y de derechos humanos miran con incredulidad el proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón, desde una de las mayores organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos también. Human Rights Watch (HRW) ha salido hoy en defensa del Magistrado de la Audiencia Nacional, que actualmente tiene tres querellas pendientes en el Tribunal Supremo y al que el Consejo Superior del Poder Judicial estudia suspender de manera cautelar. Según la organización no gubernamental, "las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado".

"Los tribunales españoles, que se han distinguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades", dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Desde HRW estábamos preocupados por los ataques contra el juez Garzón", explica Reed Brody, consejero jurídico y portavoz de la organización internacional. "Muchas de las cuestiones que se están investigando se salen de nuestra esfera, como la politización de la justicia española o el tema de los pagos del Banco Santander", dice el experto en justicia internacional sobre las querellas que penden sobre el juez. "Pero tenemos claro que nos preocupa que un juez que tanto ha hecho por la justicia en el mundo, cuando decide centrar su atención en las injusticias cometidas en su propio país, se vea bajo ataque. Nunca pensamos que estas querellas llegarían tan lejos como para poner en peligro su carrera profesional, por eso hemos decidido pronunciarnos. Y porque tenemos claro es que una ley de amnistía no puede eliminar la posibilidad de perseguir crímenes de lesa humanidad".

El comunicado hecho publico hoy por Human Rights Watch expresa el punto de vista de esta organización sobre el caso abierto contra el juez: "Baltasar Garzón está siendo investigado penalmente por indagar 22 casos de presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951. Los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Francisco Franco (1939-1975), invocando una ley de amnistía de 1977 que se aplica a todos los delitos 'de intencionalidad política' cometidos antes de diciembre de 1976. Uno de los principales argumentos en contra de Garzón es que en su investigación sostuvo que la ley de amnistía no se aplicaba a los delitos de lesa humanidad. El Tribunal Supremo está llevando a cabo una investigación penal para determinar si Garzón incurrió en el delito de prevaricación. Un magistrado del Tribunal Supremo afirmó que Garzón no había aplicado la ley de amnistía de 1977 a los casos de desapariciones forzadas, y que no existen fundamentos de derecho internacional para impedir que estos delitos se beneficien de la ley de amnistía. Garzón apeló esta decisión y la apelación se encuentra pendiente. Conforme al derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un recurso efectivo, incluidas la justicia, la verdad y reparaciones adecuadas".

Human Rights Watch recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó el año pasado, como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie. La organización reconoce además la contribución del Magistrado Garzón para obtener justicia en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet o en la extradición desde México del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo.

"La interpretación rigurosamente ajustada al derecho internacional realizada por Garzón ha ayudado a promover la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas en otros países", dice Vivanco. "Es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero".