Importantes empresas valencianas, en el punto de mira
Cuatro de las principales empresas valencianas de la construcción son señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP con la cobertura de Orange Market, compañía de la trama corrupta del caso Gürtel. Se trata de las castellonenses Lubasa y Facsa, de la alicantina Ortiz e Hijos y de la valenciana Sedesa. A ellas se añade Piaf, una concesionaria de menor entidad. Facsa, Lubasa y Sedesa desmintieron ayer su relación con la trama.
El administrador de Servicios de Excavaciones, SA, (Sedesa) es Vicente Cotino Escrivà, sobrino de Juan Cotino, vicepresidente con Francisco Camps. Según cálculos de la oposición socialista, Sedesa ha facturado al Gobierno valenciano en 10 años más de 830 millones. Vicente Cotino llevó en su avión privado al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitido hace un mes, a una fiesta en Marraquech en diciembre de 2007 con unos amigos entre los que estaba Álvaro Pérez, jefe de Orange Market.
Sedesa y Ortiz comparten negocio en el ámbito de las residencias de ancianos, a través de Savia, firma que recibió 15,9 millones del Ejecutivo autonómico en 2007. Ortiz, por su parte, es el urbanizador del plan Rabassa, que prevé construir en Alicante 13.503 viviendas sobre 3,6 millones de metros cuadrados.
Condenado por fraude
Lubasa explota la mayoría de los aparcamientos subterráneos de Castellón. Además, participa en la construcción del futuro aeropuerto y del circuito de Fórmula 1. Su propietario, Luis Batalla, fue condenado por un fraude fiscal de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administración, pero el grupo presenta otras empresas a los concursos.
Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), cuyo responsable es Enrique Gimeno, es concesionaria del suministro de agua potable de la mayoría de municipios de Castellón. Una de sus últimas actuaciones fue la construcción de la ciudad deportiva del Castellón C. F., a cambio de la recalificación de los terrenos.
Finalmente, Piaf es la concesionaria del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación y del Ayuntamiento de Castellón, contratos que le reportan más de un millón de euros anuales, aunque facturó al margen de estos contratos, entre 2008 y 2009, más de 10 millones al ayuntamiento y 1,3 millones a la diputación. Su responsable, Antonio Pons Dols, fue socio de Víctor Campos, imputado con Camps, Costa y Betoret por los regalos de la trama Gürtel.
