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Prisión sin fianza para un director general de Matas por la trama de Mallorca

Kurt Joseph Viaene, ex director general de Promoción Industrial, llevaba 72 horas detenido por su posible relación con la red de cobro de comisiones y malversación de caudales

El juez ha decretado este sábado prisión incondicional y sin fianza para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Joseph Viaene, que fue detenido el pasado 1 de octubre a petición de la Fiscalía Anticorrupción por su posible relación con la red de cobro de comisiones y malversación de caudales (hasta 1,5 millones de euros) en el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB).

En la llamada Operación Scala, han sido ya detenidas un total de 15 personas. Este sábado, además del ingreso en prisón de Kurt Joseph Viaene, se ha producido una segunda declaración ante el juez de Antònia Ordinas, gerente del CDEIB y su mujer, la soprano Isabel Rosselló. Ambas cónyuges habían sido trasladadas por la Policía desde la cárcel de Palma a los juzgados de la capital balear para comparecer. Posteriormente, la Policía las trasladó a su vivienda para proceder a un nuevo registro, en presencia del fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Tras la declaración de Ordinas y Rosselló, ha comenzado la comparecencia del director general de Promoción Industrial con el anterior gobierno balear, Kurt Viaene, que estaba situación de detención judicial durante 72 horas, y que hasido finalmente enviado a prisión.

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Kurt Joseph Viaene avaló y participó desde la consejería de Industria las acciones de promoción de la principal imputada, la gerente del CDEIB Antònia Ordinas, y está asociado con ella en la firma privada internacional Global Business Active Strategies. El ex director general Viaene presidió el Instituto de Innovación Empresarial. Antes de estallar el asunto, devolvió 19.000 euros de dietas sin justificar al Consorcio. A Ordinas le reclamaron la misma cantidad y se negó a abonarla. La gerente dejó un agujero de ocho millones.

La Fiscalía Anticorrupción cree tener pruebas de que Ordinas percibía en su casa, en mano y sin testigos, comisiones ilegales de los empresarios implicados en la trama, a los que adjudicaba a dedo contratos millonarios. Las supuestas mordidas de Ordinas eran del 25% de las facturas, según reconoció en comisaría una de las personas que le pagó. Un empresario que, aunque trató con ella, no figura entre las 13 personas detenidas, calcula que "alguien pudo pagar comisiones del 40%". El total desviado de los fondos públicos ronda 1,5 millones de euros. Buena parte de esa cantidad fue derivada a las cuentas privadas de la esposa de Ordinas, la soprano Isabel Rosselló. El matrimonio está acusado de cohecho, prevaricación y malversación.

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