Inmigrantes para pueblos vacíos
Una ONG ofrece trabajo a extranjeros en municipios sin apenas habitantes
Crivillén, en la comarca turolense de la Sierra de Arcos, tiene 110 habitantes. Tres más que a principios de este verano. Irine Entza, Gilberto Galeas y su hijo Raúl, de nacionalidad ecuatoriana, llegaron a mediados de julio a este pequeño pueblo de casitas apretadas. El Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (Cepaim) les propuso una nueva vida en este municipio, en el marco de un proyecto que persigue mejorar sus condiciones sociolaborales, satisfacer la demanda de mano de obra en el campo y frenar la despoblación.
Más de 100 familias esperan ser trasladadas a pueblos de Aragón, Valencia o Castilla-La Mancha dentro de esta iniciativa.
El proyecto arrancó en octubre del año pasado gracias a una subvención del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Desde entonces la ONG ha trasladado a una decena de familias, preseleccionado a otro centenar e informado del proyecto a cerca de 110 localidades. Todos los colonos han encontrado empleo; como asalariados o incluso, como empresarios. "En el medio rural existe aún empleo latente y la familia se convierte en estructura productiva", explica Luis Antonio Sáez, profesor de la Universidad de Zaragoza y directivo del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Ceddar).
La familia Galeas-Entza llegó hace ocho años a Madrid desde Macas, en el Este rural e indígena de Ecuador. Irine se pluriempleaba en dos establecimientos de comida rápida. Su marido trabajaba en la construcción, pero se quedó sin empleo a raíz de la crisis inmobiliaria.
Justo entonces, Cepaim les hizo un ofrecimiento que no pudieron rechazar. Esta ONG selecciona para este proyecto a inmigrantes que tienen especial vinculación con el medio rural pero que no tienen trabajo en la ciudad, según explica su director, Juan Antonio Segura.
La asociación se pone en contacto con ayuntamientos y empresarios locales y elabora un protocolo de actuación entre todas las partes para garantizar que no se generen tensiones entre los inmigrantes y la población autóctona. Se han firmado acuerdos con unos 20 consistorios; el último, con Almodóvar del Campo.
En el caso de Crivillén, la alcaldesa, María José Lecina (PAR), buscaba cubrir una vacante en la tienda-bar municipal y se interesó por este plan. Puso a disposición de los colonos la antigua casa del maestro por un alquiler razonable. Mes y medio después, el bar multiservicios de Crivillén está lleno de parroquianos que juegan a las cartas o ven la tele. La barra la atienden Irine y Gilberto mientras Raúl juega con otros niños del pueblo en las actividades programadas por la Diputación Provincial.
La alcaldesa destaca que, gracias a este último seguirá abierta la escuela rural, en cuya única aula estudiarán el próximo año cuatro niños. "Los inmigrantes no son vistos en estos pueblos como una amenaza, sino como una salvación", asegura el director de Cepaim. Pero Sáez, del Ceddar, advierte: "Si no se les da nada además de trabajo se irán, como se fueron tantos españoles de los pueblos".
