Insultar a Gobierno y fiscal entra en la "libertad de expresión" de la juez
Insultar a la Dirección General de Registros, organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia, y a miembros de la Fiscalía está dentro de la libertad de expresión de los jueces. Ése es el argumento en el que el pleno del Consejo General del Poder Judicial se apoyó ayer para perdonar a Laura Alabau, la juez del Registro Civil de Dénia (Alicante) que se niega a dar validez a matrimonios entre homosexuales.
La juez alicantina ha obstaculizado los matrimonios entre personas del mismo sexo desde su aprobación, en julio de 2005, dilatando los procesos. Primero, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que fue rechazada. Después se negó a dar validez a las bodas al no inscribirlas en el Registro, pero sus decisiones han sido revocadas repetidamente por la Dirección de Registros.
Tras conocer que ese organismo rechazó una decisión suya de no inscribir un matrimonio entre dos hombres británicos, Alabau escribió una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que calificaba la decisión de ese órgano de "ilegal" y basada sólo en "intereses políticos y propagandísticos". También acusaba al fiscal de convertirse "vergonzosamente" en un "apéndice del Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado". Esa carta fue enviada también a los medios de comunicación.
Pero sus palabras, según la interpretación que impusieron los vocales propuestos por el PP, son sólo "valoraciones personales (...) sobre criterios jurídicos asumidos por un concreto centro directivo del Estado". Esas manifestaciones, no sólo no son insultos para estos consejeros, sino que "se incardinan dentro del derecho a la libertad de expresión de la señora Alabau", que no pagará los 305 euros de multa que le impuso la comisión disciplinaria.
