Interior identifica en un informe a 888 afectados por terrorismo sin indemnizar
M. J. A., víctima del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona, de junio de 1987, recibió recientemente una llamada de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que le notificó que tenía derecho a cobrar una indemnización de 60.000 euros por resultar herida. Residente en Galicia, con 80 años y muchas ganas de olvidar, pensó que era una broma de mal gusto y acudió a la comisaría. Su sorpresa fue mayúscula cuando le confirmaron que la notificación era cierta.
M. J. A. es una de las 888 víctimas directas del terrorismo que -ellas o sus familias- no fueron indemnizadas por desconocer sus derechos, según el informe de ese organismo dependiente del Ministerio del Interior, a partir de las sentencias de la Audiencia Nacional desde 1978. 26 han fallecido.
La mayoría de sentencias (el 80,9%) corresponden a ETA. Le sigue GRAPO, con el 12,8%. El resto de grupos (GAL, Terra Lliure, etc.) suman el 6,3%. El coste de las indemnizaciones pendientes ascenderá a 7.422.274 euros.
Entre las víctimas sin indemnizar figuran las de atentados de ETA tan lejanos en el tiempo y emblemáticos como el de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), la cafetería California 47 de Madrid, la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Esta historia se inició en junio de 2007 con motivo del 20º aniversario del atentado de Hipercor (21 muertos). En el acto, los representantes de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones del Terrorismo avisaron al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había víctimas sin indemnizar.
Rubalcaba encargó una investigación, que confirmó que 11 personas, algunas de ellas heridas graves, desconocían sus derechos al no estar asociados o carecer de representación en el proceso que terminó en la sentencia de 2003. La Administración no actúa de oficio, sino que son las víctimas las que deben pedir la indemnización (que incluye una medalla de reconocimiento). Tienen un año de plazo tras el atentado y seis a partir de la sentencia.
La conclusión del Gobierno fue que, si víctimas de un atentado tan conocido desconocían sus derechos, podía haber muchos más casos. La investigación posterior concluyó que eran 888 personas, a partir de 841 sentencias.
Aunque la ley exige que la indemnización sea reclamada por la víctima, la Abogacía del Estado confirmó que el plazo no se había agotado porque los afectados desconocían sus derechos.
La Dirección de Víctimas se puso entonces a localizarlas. Hasta ahora han sido reparadas solo 200, entre ellas los familiares de ocho muertos, con un total de 2.639.193 euros. Esta tarea de búsqueda no es fácil por el paso del tiempo (en algunos casos, hasta 30 años) y los cambios de domicilio. La policía ha facilitado datos sobre el último domicilio en el que renovaron el DNI. A partir de ahí, se les llamó para explicarles sus derechos.
Las víctimas tienen derecho, además de a la indemnización tasada, a una pensión extraordinaria para los casos de incapacidad o viudedad, que suma el doble de lo normal. Hay otros beneficios, como becas para sus hijos y la concesión de la Gran Cruz a los fallecidos y la Encomienda a los heridos.
