Interior prohíbe la manifestación en Madrid de guardias civiles

Los guardias civiles no podrán acudir a la manifestación convocada para el próximo día 18 en Madrid para reivindicar mejoras laborales por el "carácter abiertamente antijurídico" de la protesta. La Delegación de Gobierno de Madrid prohibió ayer la marcha, convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO), por su "objetivo inequívocamente sindical", un derecho del que los miembros del instituto armado "no solo no son titulares" sino que lo tienen "expresamente vedado" en el ordenamiento jurídico español.

Según un oficio de la Delegación de Gobierno con fecha del 7 de septiembre y hecho público ayer, el contenido y objetivo de la manifestación es "claramente sindical". El lema de la convocatoria, según Interior, no deja lugar para dudas: ¡Basta de abusos con los guardias civiles! ¡Condiciones laborales y profesionales dignas! ¡Ya!

En concreto, las asociaciones de guardias civiles reclaman "una jornada de trabajo digna" y la equiparación laboral con el Cuerpo Nacional de Policía. "Trabajamos 22 horas más sin ninguna compensación", protestó Alberto Molla, secretario general de la AUGC. Exigen además, una nueva ley de personal, que no discrimine a los agentes de promoción interna frente a los que proceden del Ejército, un programa de prevención de riesgos laborales y el reingreso de los guardias civiles expulsados por su "actividad asociativa en defensa de los derechos de los miembros de la institución".

"Medida de presión"

La Delegación de Gobierno estima que estas exigencias, que los guardias civiles pretendían reclamar en la marcha prohibida, son una "medida de presión" frente a la Administración. "Se menciona expresamente la existencia de un conflicto laboral que se pretende solucionar a través de la manifestación", apostilla Interior, que califica el acto de protesta como "una clásica medida sindical". Y los guardias civiles y sus asociaciones profesionales, recuerda Interior, "tienen constitucional y legalmente prohibido el derecho de reunión y manifestación cuando su objetivo sea de carácter político o sindical.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el pasado miércoles que su departamento trata de mejorar la situación laboral del instituto armado.