Interior quiere expulsar de la Guardia Civil a un líder sindical

El Ministerio del Interior ha propuesto la expulsión del Instituto Armado de Joan Miquel Perpinyá, ex secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que cuenta con cerca de 25.000 afiliados, un tercio de los agentes. Ayer cumplía la sanción de un año de suspensión de empleo y sueldo por haber participado de uniforme en una manifestación en Madrid en enero de 2007, en la que cerca de 3.000 agentes solicitaron al Gobierno que ampliara los derechos que les había prometido en su programa electoral. Otros 20 fueron sancionados por el mismo motivo.

Ahora, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil quiere expulsarle por no acudir a un reconocimiento médico. Perpinyá asegura que nadie le avisó y que se trata de una "venganza". Preguntado por esta decisión, el Ministerio del Interior remitió a la Guardia Civil, que tampoco quiso responder sobre el asunto.

En su declaración, incluida en el expediente disciplinario de Perpinyá, el cabo que asegura haberle llamado afirma que "no recuerda exactamente en qué fecha lo había hecho". Perpinyá cree que la sanción es un escarmiento para los demás.

"Es una venganza"

"En el listado de llamadas telefónicas de la comandancia no aparece mi número. Es mentira. Cada año se expulsa del cuerpo a unos 15 agentes, todos vinculados a condenas penales por tráfico de drogas, violencia de género... ¿Y a mí me quieren echar porque dicen que no acudí a un reconocimiento médico? Para notificarme la sanción sí lo hicieron bien, enviaron a agentes a mi casa. Esto es una venganza", asegura Perpinyá, de 34 años, 16 de ellos en el cuerpo.

El pliego de cargos del expediente disciplinario alega las "vicisitudes que concurren en el autor" para proponer su expulsión. "¿Qué vicisitudes son ésas?", se pregunta tanto Perpinyá como la AUGC, cuyo liderazgo abandonó en marzo. "¿Que he defendido los derechos de los homosexuales en la Guardia Civil? ¿Que he denunciado casos de corrupción en el cuerpo? ¿Que fui líder sindical?", afirma Perpinyá. Su abogado, Mariano Casado, cree que es " una clara desviación de poder motivada con un afan vindicativo, no jurídico. En 20 años de profesión no he visto un caso igual".